La rama francesa del caso Zapatero: una investigación de 'Le Monde' da detalles sobre el teléfono incautado a Luis Felipe Baca

El terremoto provocado por la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha traspasado las fronteras españolas. Aunque desde el primer momento los medios internacionales informaron sobre la investigación judicial que tenía en el centro al exdirigente socialista, una reciente investigación de Le Monde da cuenta del interés que ha generado fuera de España el caso Plus Ultra y sus ramificaciones. "Esto no tiene precedentes para un presidente del Gobierno, en ejercicio o anterior, en la historia democrática del país", ha dicho el diario francés sobre la declaración de Zapatero ante el juez Calama este miércoles.

Desde el periódico galo definen el caso como "uno de los mayores escándalos de la historia política reciente de España", lo que arroja una imagen del impacto que está teniendo el proceso judicial contra el expresidente en el ámbito internacional. No es de extrañar en el caso de Francia, ya que fue la información presentada por este país y Suiza la que puso a la Justicia española tras la pista de Zapatero.

Gracias a las averiguaciones realizadas por Le Monde, se han conocido más detalles del contenido del teléfono móvil que fue vital a la hora de destapar el presunto entramado de sociedades pantalla dedicadas al blanqueo de capitales en el extranjero. Lo que comenzó en 2019 como una investigación de la Autoridad de Mercados Financieros francesa (AMF) por el uso de "información privilegiada" para obtener "beneficios significativos" se acabó transformando en una operación contra una red cuyos vínculos llegarían hasta el Gobierno venezolano.

El contenido del teléfono de Luis Felipe Baca

La AMF centro su atención en el empresario peruano Luis Felipe Baca y otro hombre -identificado por el medio francés como Romain B.- tras detectar una serie de transacciones bursátiles canalizadas a través de una empresa con sede en la isla de Mauricio, controlada por estos individuos. Gracias a estas operaciones, los dos hombres y sus allegados habrían adquirido bines inmuebles por valor de 20 millones de euros en Francia. Además, Le Monde ha podido averiguar que Baca también posee actualmente al menos 19 apartamentos en Dubái por valor de 12,2 millones.

Fruto de la investigación, la AMF descubrió un posible caso "de blanqueo de capitales a gran escala" que implicaba a estos dos hombres: "Con transferencias de flujos financieros que involucraban a empresas internacionales gestionadas por testaferros, beneficiando en particular a personas sujetas a sanciones internacionales, algunas de las cuales están vinculadas al Gobierno venezolano". En 2022, el organismo francés llevó a cabo un registro en el domicilio familiar de Baca que lo cambiaría todo.

Los investigadores requisaron el teléfono móvil del empresario peruano, al que se ha vinculado con el empresario de origen colombiano Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro y detenido a la espera de juicio en Nueva York. El que era ministro venezolano de Industria hasta comienzos de año es también uno de los nombres recurrentes en la trama Plus Ultra.

Gracias al teléfono, la AMF recuperó "capturas de pantalla que mencionaban transferencias de bolsas de dinero en efectivo o cantidades de oro por valor de varios cientos de millones de dólares, y hojas de cálculo que resumían cantidades de decenas de millones de euros", indica Le Monde. Es en este momento que la autoridad financiera puso en conocimiento de los hechos a la Fiscalía Financiera francesa.

Un soplo llegado de Francia y Suiza

Mientras en Francia se había comenzado a investigar a Luis Felipe Baca por el uso de información privilegiada, también en Suiza andaban tras la pista del empresario. En el caso del país helvético, se estaban mirando de cerca los movimientos del peruano y otras tres personas, de los que se sospechaba "haber creado esquemas financieros para blanquear dinero procedente de casos de corrupción en Venezuela". Entro esos movimientos figuraba el rescata a la aerolínea Plus Ultra.

En 2024, los investigadores franceses y suizos trasladaron toda esta información a España. Le Monde asegura que la información obtenida a partir de la incautación del teléfono de Baca en Francia permitió "comprender y establecer múltiples conexiones entre las actividades de empresas que trabajaban de forma coordinada para mover fondos de terceros". La rama suiza arrojó luz sobre las presuntas comisiones que recibían los blanqueadores, así como sobre la malversación de fondos públicos venezolanos. En concreto, se habría desviado dinero público procedente de los programas Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y en operaciones vinculadas a la venta internacional de oro del Banco de Venezuela.

Eran las pistas que necesitaba la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF para ir encajando las piezas, como el abogado Miguel Palomero y el empresario venezolano Rodolfo Reyes, a quien el juez Calama sitúa como principal accionista de Plus Ultra. El contenido del móvil de éste último, intervenido en 2021 y enviado a España por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU, ha sido una de las piezas clave para la imputación de Zapatero. De hecho, hace apenas dos semanas el juez Calama pidió permiso a las autoridades estadounidenses para utilizar este material como prueba en la causa dada su "relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados".

Los mensajes que hundieron a Zapatero

Los mensajes entre Reyes y Palomero hallados en el dispositivo mostraban conversaciones para obtener un rescate de Plus Ultra aprovechando las medidas económicas urgentes implementadas durante el covid. En esos intercambios es donde se deslizaba el nombre de Zapatero como intermediario del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea.

A partir de ahí, los investigadores españoles han descubierto una presunta red de tráfico de influencias dirigida por el expresidente del Gobierno a cambio de pagos a través de empresas pantalla. Aunque Zapatero negó en su comparecencia del miércoles haber realizado cualquier tipo de intervención ante funcionarios públicos para favorecer el rescate, el juez Calama lo sitúa como el "vértice" de la organización dedicada a favorecer los intereses de terceros para extraer un beneficio económico.