El Gobierno se inclina por no llevar al Congreso el acuerdo roto del CGPJ: "El PP no lo votaría"

Todo está por analizar. Por estudiar. El Gobierno se dará aún un tiempo para "recolocar" las piezas del puzle una vez que el PP rompió de manera "unilateral" el pacto que estaba prácticamente cerrado para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de casi tres semanas de negociaciones. Prefiere que el foco se sitúe en los populares y en su líder, Alberto Núñez Feijóo. Pero, por el momento, sin que haya ninguna decisión adoptada, en la Moncloa creen que una solución, la de forzar el desbloqueo del Poder Judicial llevando ese acuerdo casi rubricado al Parlamento, no es viable, porque el PP "no lo votaría" y porque supondría someter al parecer de las Cortes la lista de vocales y suplentes consensuados, con el riesgo de que algunos de ellos se descuelguen al haberse dinamitado el acercamiento entre los dos grandes partidos.

En el Ejecutivo asumen que hay "muy poco margen" para sacar de la parálisis al CGPJ. Las salidas, pues, son contadas. Aquella por la que apuesta Unidas Podemos es, por ahora, descartada por el ala socialista del Gobierno: recuperar la proposición de ley que los dos grupos que sustentan al Gabinete presentaron en el otoño de 2020 [aquí en PDF], por la que se rebajaban las mayorías necesarias para nombrar a los 12 vocales del turno judicial. En aquel momento, la Comisión Europea ya advirtió de que no aceptaría esa modificación porque dañaba la pluralidad del órgano de gobierno de los jueces. Pedro Sánchez renunció a esa reforma definitivamente en abril de 2021, vista la presión de la UE y también tras otro intento fallido de negociación con el PP de Pablo Casado.

El Ejecutivo tampoco contempla por ahora rescatar la propuesta de rebajar las mayorías para elegir al CGPJ

Por el momento, en la Moncloa no contemplan la opción de descongelar esa proposición de ley. "Cuando la planteamos, la Comisión Europa ya nos dijo que por ahí no", reconocen fuentes gubernamentales de primer nivel a El Independiente.

Se descarta asimismo —al menos, por ahora— trasladar al Congreso el acuerdo en el que durante dos semanas y media han estado trabajando los escuderos de los dos líderes, Félix Bolaños y Esteban González Pons. "Es verdad que esto forzaría a que el PP se retrate, se le situaría en el brete de tener que votar en contra que la dirección ha consensuado con nosotros. Pero, ¿cómo vamos a llevarlo al Parlamento sin acuerdo del PP? El PP no lo votaría", reflexionan las mismas fuentes de la Moncloa en conversación telefónica con este periódico.

Se sumaría, aseguran, otra previsible dificultad, que los vocales propuestos por los conservadores —de los 20 integrantes del órgano de gobierno de la Justicia, según la Constitución, 12 han de ser jueces y magistrados y los otros ocho, juristas y abogados con más de 15 años de ejercicio y de reconocida competencia— se echen atrás. "No puedes llevar a gente de la pechera [para que entre al CGPJ]", explican. Gobierno y PP llegaron a pactar los nombres de los 20 vocales y de sus suplentes. Pons y Bolaños, según indican en el Ejecutivo, también llegaron a acordar el candidato a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo, aunque ese punto, delicado, debían rematarlo Sánchez y Feijóo en la reunión a la que se emplazaron en su conversación telefónica del jueves para el 2 de noviembre.

Los pilares del acuerdo

El preacuerdo Gobierno-PP también incluía, además del listado de vocales, una proposición de ley que registrarían en la Cámara baja socialistas y conservadores. Texto, cuentan a este diario fuentes gubernamentales, por el que se reformaría la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el nuevo CGPJ elevara, en el plazo de seis meses, un informe no vinculante sobre un posible cambio en el modelo de elección del órgano. Exigencia, la de modificar el sistema de elección del Poder Judicial, para la que había presionado Génova y a la que el Gobierno accedió.

Gobierno y PP pactaron limitar las puertas giratorias entre la política y la Justicia o impedir casos como el de Delgado. Fuera quedaba la jefatura del TC

También se consensuó que todas las decisiones del CGPJ habrían de ser adoptadas por una mayoría de tres quintos, para forzar el acuerdo entre los vocales. Y que los jueces y magistrados que se metan en política y ocupen altos cargos de elección política o de gobierno no podrán reingresar al servicio de activo de manera inmediata tras su cese —norma que no se aplicaría de manera retroactiva a los tres ministros que son jueces (Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Pilar Llop)—. El Ejecutivo accedió igualmente a cambiar el Estatuto Fiscal para que no se reproduzca más un caso como el de Dolores Delgado, que saltó del Ministerio de Justicia y de su escaño como diputada socialista al cargo de fiscal general del Estado. Yolanda Díaz aceptó, frente a la presión de Podemos, que la jueza Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género, quedase fuera del CGPJ. Bolaños y Pons, conforme al relato del Ejecutivo, también pactaron que "no era objeto de la negociación" la presidencia del Tribunal Constitucional: recaería "en quien decidieran los magistrados", y probablemente sería el progresista Cándido Conde-Pumpido.

Así las cosas, en la Moncloa se descarta por ahora llevar el acuerdo al Parlamento. Es más, apuntan que no conviene que se conozca en su integridad el documento que iban a firmar Sánchez y Feijóo, "por si se produjera el desbloqueo" en algún momento.

¿Cabría la opción de evacuar una consulta a Bruselas, para que la Comisión sugiera una vía de resolución de la parálisis del Poder Judicial? La Moncloa tampoco acaba de verlo. "Solo faltaba colgarles a ellos el marrón", estiman desde el Gobierno. El comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, ya se reunió con Ejecutivo y PP —además de con Carlos Lesmes, que días después dimitió como presidente del CGPJ y del TS— a finales de septiembre, e insistió en la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces primero para después pensar en cambiar el modelo.

Tampoco se acaba de ver elevar la consulta a Bruselas. Sí se cree más "fácil" proceder a la renovación del TC

La posibilidad de una modificación exprés (otra más) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), para que los 20 vocales y su presidente cesen en sus puestos de manera automática, en cuanto expira su mandato, de cinco años, plantearía el problema, según avisa una ministra, de que no se podría aplicar de manera retroactiva. Es decir, que no afectaría al actual CGPJ, cuyo mandato concluyó en diciembre de 2018, hace casi cuatro años.

El desbloqueo del CGPJ antes de las generales previstas para finales de 2023, por tanto, se antoja muy complicado a día de hoy, como reconocen en las alturas del Ejecutivo y del PSOE. Proceder a la renovación del TC, en cambio, "sí es más fácil", admiten. Desde junio está pendiente el relevo de cuatro magistrados, dos a propuesta del Gobierno y otros dos a propuesta del Poder Judicial. Los vocales tenían que haber facilitado sus dos candidatos el 13 de septiembre, tal y como les conminaba la reforma de la ley aprobada el pasado julio en las Cortes, pero la obstrucción de parte del sector conservador y las negociaciones entre los dos grandes partidos que arrancaron tras la renuncia de Lesmes hicieron imposible la designación. Ahora, los vocales parecen dispuestos a retomar las conversaciones para nombrar a dos jueces. El relevo, de materializarse, cambiará el signo del TC: de mayoría conservadora a mayoría progresista.

Esperar también a que el CGPJ "se recoloque"

El Gobierno esperará a que el CGPJ actual "se recoloque también" y adopte decisiones. "No es lo mismo que el Poder Judicial designe a sus dos candidatos al TC a que no lo haga", señalan en la Moncloa. El Ejecutivo podría postular por su cuenta a sus dos magistrados, pero antes, en consecuencia, prefiere aguardar.

Feijóo queda cuestionado no solo para dirigir el PP sino también para ser candidato a presidir España

PILAR ALEGRÍA, PORTAVOZ DEL PSOE

Y es que la consigna interna es no hacer movimientos mientras el foco continúe en el líder del PP y en el relato de las "presiones" que ha recibido para romper la baraja, tanto desde dentro de su partido —encabezadas por Isabel Díaz Ayuso— como desde fuera. "Tenemos que reorganizar todo, evaluar qué opciones tenemos y luego decidir, pero mientras la actualidad sea que Feijóo es un títere, no movemos un dedo", subrayan en el equipo directo del presidente.

"Que pasen unos cuantos días y los titulares zarandeen a Feijóo. Nos viene bien que no haya noticia por nuestra parte —continúan—. Se ha caído como un castillo de naipes la imagen de que es un líder sólido. No lo es, como no es un líder pactista y moderado". Los socialistas seguirán cargando duramente contra Feijóo. Este domingo lo hizo desde Ferraz la portavoz del partido, la ministra Pilar Alegría, elevando más aún el tono: el jefe de los conservadores "queda cuestionado no solo para dirigir el PP sino también para ser candidato a presidir España".

Salvo un cambio de posiciones, todo indica que la parálisis se sostendrá más de un año más, y eso que la Justicia se halla ya en una situación límite, con vacantes en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia —la reforma de la LOPJ que impulsaron PSOE y Unidas Podemos en 2021 impide al CGPJ hacer nombramientos—. Bloqueo que se traduce, también, en unas 1.000 sentencias menos dictadas al año, según los cálculos del Ejecutivo.