El Gobierno se enfrenta este jueves a la posibilidad de perder una votación importante en el Congreso: la aprobación del decreto de medidas anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Ucrania. A principios de febrero, Sánchez estuvo a punto de ser derrotado en la votación de la reforma laboral. Un error del diputado popular Alberto Casero le salvó de la humillación: 175 votos a favor, 174 en contra.

Ahora, como entonces, son los socios del Gobierno los que dicen que van a votar en contra del decreto. No porque no lo vean bien, no, sino como venganza por el caso del espionaje a líderes independentistas. El miedo del Gobierno a perder es evidente: el presidente suspendió por sorpresa un viaje a Moldavia y Polonia previsto para hoy porque quiere estar presente en el Congreso cuando se produzca la votación. Además, el presidente forzó ayer a última hora un cambio de estrategia frente al PP: en lugar de ningunear al partido conservador le ofreció tramitar la norma como proyecto de ley para ponerle el cebo de que así podría aceptar alguna de las propuestas que le llevó a Moncloa Núñez Feijóo.

Todavía no se sabe lo que hará el PP.

La cuestión no es si el PP va a votar a favor, que no lo hará, sino si se va a abstener y, con ello, si va a salvar el decreto anticrisis independientemente de lo que hagan los socios del Gobierno.

Ayer en Génova se respiraba ambiente de abstención. Se argumentaba que el PP no puede ser el partido del no -"como con Casado", añadían las fuentes con cierta malicia-. "No se puede repetir lo sucedido con la reforma laboral", explican las fuentes, con la que, por cierto, Feijóo estaba de acuerdo. También dicen que sería difícil de explicar a los ciudadanos que por su culpa se suspenden las rebajas a los carburantes.

Si eso es así, significa que el PP de Feijóo aún no ha entendido cómo debe actuar su partido si quiere ser alternativa de Gobierno.

Detengámonos por un momento en lo que ha sucedido en los últimos días. Un medio norteamericano (The New Yorker) publica una información en la cual se dice que más de 60 independentistas han sido espiados con el software conocido como Pegasus. Los independentistas montan en cólera. Amenazan con dinamitar la legislatura. El pasado domingo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, aterriza en Barcelona para entrevistarse con la consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrá, para darle garantías del que el Gobierno va a aclarar el asunto del espionaje. Una de las vías para ello, anunció Bolaños, sería la puesta en marcha de la comisión de secretos oficiales en el Congreso, que no se reúne desde que comenzó esta legislatura porque el PP veta la presencia de partidos como Bildu. Los independentistas no cejan en la presión. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, poniéndose al servicio del Gobierno sin cortarse un pelo, cambia la norma para convocar la comisión de secretos, reduciendo a mayoría absoluta los votos necesarios para constituirla (es decir, incluyendo a ERC, Bildu o la CUP). En la sesión de control del miércoles los independentistas suben su apuesta: ahora quieren la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Y, si el Gobierno no cede, amenazan con votar contra el decreto anti crisis.

La forma servil en la que Batet ha modificado la norma para convocar la comisión de secretos para intentar calmar a ERC es motivo más que suficiente como para que el PP vote 'no' al decreto anti crisis del Gobierno

Mientras el Gobierno se pone de rodillas ante ERC, ni siquiera ha tenido el detalle de aceptar ni una sola de las medidas que propone el PP. Hasta que no se ha visto con la soga al cuello.

A ERC y a los otros socios del Frankenstéin no les preocupa nada que los camioneros tengan que pagar el gasoil más caro: lo justifican por lo que consideran una buena causa.

Sin embargo, el PP asume la acusación del Gobierno de que, si el decreto no sale adelante, la culpa de que suban los carburantes la tendrá Feijóo.

¡Como si el PP no tuviera una buena causa para votar en contra del decreto! A saber: no se puede dar entrada en una comisión que, en teoría, revela secretos de Estado, a los partidos que lo que pretenden es destruir el Estado. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Pero existe otra razón aún más de fondo. Ayer, Margarita Robles (a quien desde el ministerio de la Presidencia acusan de boicotear la política de "disuasión" ante ERC) dejó una pregunta en el aire ante los ataques de los independentistas en el Congreso: "¿Qué debe hacer un Gobierno cuando se declara la independencia, cuando unos líderes políticos mantiene contactos con Rusia?" Eso lo hacía para justificar las escuchas del CNI. Está bien, si admitimos que eso es legal, porque se ha hecho con autorización judicial porque estaba más que justificado, lo que no podemos admitir es que ese mismo Gobierno, que espía a los que quieren destruir el Estado, negocie con los que quieren destruir el Estado, y se someta a sus condiciones. Sólo por eso, el PP no debería dar oxígeno a este Gobierno.

Si el PP se abstiene finalmente y salva a Sánchez a cambio de unas migajas, su condición de partido alternativa quedará desfigurada, disminuida, difuminada. La forma burda en la que el Gobierno ha cambiado las normas para dar satisfacción a ERC es motivo más que suficiente como para castigar a Sánchez con un voto en contra a su decreto. Si el PP se abstiene, le deja el terreno libre a Vox para que se presente como la verdadera oposición a Sánchez.

No se trata de apuntarse al "no es no" (por cierto, slogan que le sirvió a Sánchez para recuperar el poder en el PSOE), sino de valorar en cada momento qué hacer para que los ciudadanos vean que existe una alternativa. El voto en contra del decreto no es incompatible con negociar la renovación del CGPJ o, como ha sucedido, dar el visto bueno a la nueva regulación de la Casa Real. Como ya sabemos por experiencia, con Sánchez hay que utilizar el palo y la zanahoria. Y aun así...