Hace ahora un año, Juan Ignacio Zoido escalaba un peldaño en su carrera política al ser el elegido por Mariano Rajoy para asumir la cartera de Interior tras la controvertida etapa de Jorge Fernández Díaz, marcada por el episodio de la grabación y filtración de sus reuniones en el Ministerio con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. Ni en sus peores sueños podría imaginar este magistrado en excedencia cuando dejó la portavocía del PP en el Ayuntamiento de Sevilla para ocupar el despacho principal del palacete del Paseo de la Castellana 5 la dimensión que iba a tener el reto por los acontecimientos sobrevenidos, como el atentado yihadista de Barcelona del pasado mes de agosto o la asunción de las competencias de Interior en Cataluña ante el desafío independentista.

El titular de Interior es uno de los cuatro ministros reprobados en el Congreso de los Diputados

Zoido ha vivido los últimos 365 días en un campo de minas de forma casi permanente y alguna ha llegado a explotarle bajo sus pies, como la relativa a la actuación policial el 1-O ante la inacción de los Mossos d’Esquadra a la hora de cumplir la orden de judicial para que se evitara el referéndum ilegal. El titular de Interior es uno de los cuatro ministros -junto a Rafael Catalá (Justicia), Cristóbal Montoro (Hacienda) y Alfonso Dastis (Asuntos Exteriores y Cooperación), éste por dos veces- reprobados por el Congreso de los Diputados, en su caso por el incumplimiento de la cuota de acogida de refugiados comprometida con la UE.

El ministro del Interior inicia su segundo año tras haber implantado una nueva estructura operativa tanto en la Policía Nacional y la Guardia Civil con la que pretende mejorar la respuesta a los nuevos retos en materia de seguridad y a la espera de que el desarme escenificado por ETA el pasado 8 de abril se materialice en la desaparición definitiva de la banda terrorista. A la espera de que se celebren las elecciones autonómicas el 21-D y empiece sobre el papel a normalizarse la situación en Cataluña, la amenaza yihadista, el incremento de efectivos y la equiparación salarial que demandan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas serán algunas de las grandes respuestas a la que el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido tendrá que dar respuesta en lo que queda de legislatura.

Los Mossos, bajo su control

Ningún ministro había asumido la dirección de los Mossos d’Esquadra desde que la Policía de la Generalitat de Cataluña se refundó en julio de 1983. Desde que el Senado aprobó el pasado 27 de octubre las propuestas del Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución para el restablecimiento de la legalidad en Cataluña y se publicaron horas después en el Boletín Oficial del Estado, la Policía Autonómica depende del Ministerio del Interior.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido es uno de los más afectados en la gestión del conflicto catalán

Sin duda, el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido es uno de los más directamente afectados en la gestión del conflicto catalán, no sólo por el hecho de que ostentará las competencias en materia de Interior en Cataluña hasta que se constituya el nuevo Parlament y queden sin efecto las medidas extraordinarias aprobadas por la Cámara Alta ante la rebeldía del Ejecutivo que presidía Carles Puigdemont, sino también por el dispositivo sin precedentes que ha tenido que diseñar en su intento de abortar la celebración del referéndum de autodeterminación y asegurar el restablecimiento de la normalidad institucional en esta comunidad.

A los más de 6.000 agentes destinados de forma permanente en Cataluña, la Policía Nacional y la Guardia Civil ha enviado más de 5.000 agentes en el marco de la Operación Copérnico, iniciada el pasado 20 de septiembre y que se mantendrá hasta el 21-D. El fracaso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a la hora de localizar las urnas antes del 1-O y la inacción de los Mossos llevó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a tener que emplearse a fondo en un intento estéril de evitar que se consumara la votación, lo que le llevó a realizar cargas que han sido utilizadas por el independentismo como la imagen de la supuesta opresión del Estado.

El Dáesh consuma su amenaza

Al filo de las 17 horas del pasado 17 de agosto, una furgoneta de alquiler conducida por Younes Abouyaaqoub recorrió La Rambla y atropelló a su paso a los viandantes que en ese momento paseaban por la céntrica arteria barcelonesa. Resultado: más de un centenar de heridos y 13 personas muertas, a las que se sumaron dos en los días posteriores. Horas después del atentado en la Ciudad Condal, la misma célula yihadista mató a otra persona en Cambrils tras embestir con un turismo a varias personas en el paseo marítimo de esta localidad tarraconense. Cuatro de los cinco terroristas fueron abatidos por los Mossos y una mujer que resultó herida grave murió días después.

Las particularidades de este doble atentado obligan a Interior a sacar una lección, como ocurrió el 11-M

Con esta doble acción, el Dáesh consumaba su primer atentado sangriento en España, después de las matanzas provocadas en Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido. La tragedia ha desvelado fallos policiales y de Inteligencia evidentes, como el hecho de que no se hubiera encendido ninguna alarma ni con el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty -señalado como ideólogo del doble atentado y conectado con el yihadismo desde 2003- ni por el hecho de que los terroristas llegaran a acumular más de un centenar de bombonas de butano en el chalé que ocupaban ilegalmente en Alcanar (Tarragona).

La investigación policial y judicial continúa, a la espera de resolver algunas incógnitas que aún envuelven esta matanza y en la que empezó a deteriorarse la relación entre los Mossos d’Esquadra -cuerpo que capitaneó la respuesta al tener las competencias en materia de seguridad ciudadana en esta comunidad- y las fuerzas de seguridad del Estado, sobre todo por la negativa de la Policía de la Generalitat a aceptar la ayuda ofrecida por la Guardia Civil y por desoír el aviso que la CIA le dio el 25 de mayo acerca de la posible comisión de un atentado en La Rambla.

Con todo, horas antes de que el Dáesh regara de sangre el céntrico paseo barcelonés, la Mesa de Valoración de la Amenaza -en la que están representadas la Guardia Civil, la Policía Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y el servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas- había decidido mantener la alerta en el nivel 4 al no apreciar riesgo inminente de atentado.

Las particularidades de este doble atentado -un grupo que actuó como lobo solitario y que había logrado quedar fuera del radar policial y de los servicios de inteligencia- obligan a Interior a sacar una lección, como ocurrió el 11-M (2004).

Zoido impone un nuevo organigrama policial

El pasado 28 de julio, el Consejo de Ministros dio luz verde al nuevo organigrama de la Policía Nacional y la Guardia Civil diseñado por el equipo de Zoido en el marco de una remodelación integral de la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. En esencia, desaparecía en cada cuerpo el mando único -el Director Adjunto Operativo (DAO)- implantado durante la etapa del socialista Alfredo Pérez Rubalcaba y se apostaba por un modelo basado en cuatro jefaturas centrales (Policía Nacional) o mandos (Guardia Civil) dependientes del director general correspondiente.

Zoido había ido perdiendo la confianza en Pablo Martín Alonso, el DAO de la Guardia Civil que él mismo nombró en sustitución de Cándido Cardiel. El punto de inflexión de ese distanciamiento sin retorno fue la mención a José Antonio Nieto, número dos de Interior, en un atestado incorporado a las actuaciones del caso Lezo –en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil actúa como fuerza policial- por la reunión que mantuvo en su despacho del Ministerio del Interior el pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y también detenido en aquella operación.

Zoido había ido perdiendo la confianza en Pablo Martín Alonso, el DAO de la Guardia Civil

Nieto ha defendido que en aquel encuentro no se habló de esta investigación porque ni su interlocutor se lo preguntó ni él la conocía. La nueva estructura orgánica fue recibida con severas críticas tanto por sindicatos policiales como por organizaciones profesionales de la Guardia Civil, que llegaron a calificarla de “irreflexiva e irrespetuosa”. “¿Acaso nos quieren callar o hacer pagar por algo?”, denunció la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc). Más de tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Policía Nacional mantiene una cúpula provisional.

Como ha informado El Independiente, la dirección aguarda la inminente jubilación del comisario principal Florentino Villabonanúmero dos del cuerpo- para designar a los responsables de las cuatro jefaturas centrales. Para ello, tiene previsto convocar “en breve” un concurso por el procedimiento de libre designación una vez que la Comisión Interministerial de Retribuciones ha autorizado el gasto que comportará la implantación de la nueva estructura.

La hora de la equiparación salarial

Una marea de policías nacionales y guardias civiles se concentrará el próximo 18 de noviembre en la céntrica Puerta del Sol de Madrid dentro del calendario de acciones reivindicativas en pos de la equiparación salarial con las policías autonómicas (Mossos y Ertzaintza). Como catalizador de ese descontento está actuando una organización denominada Jusapol, nacida el pasado mes de julio sin vinculación política ni sindical y que anuncia su disolución cuando alcance el objetivo que se ha marcado.

Los datos no engañan. El salario bruto anual de un mosso raso es de 34.021,5 euros al año, mientras que un policía nacional con la misma categoría cobra 24.622,2 euros y un guardia civil, 24.515,9 euros. Jusapol ha logrado la adhesión de sindicatos de la Policía y de organizaciones profesionales en lo que constituye ya un movimiento imparable. Interior, que considera justa la reivindicación, ha querido mostrar su buena disposición ofreciendo una partida presupuestaria de 50 millones de euros para 2018 como primer paso para recortar la brecha salarial.

La propuesta no ha convencido ni a los funcionarios policiales ni a los grupos de la oposición, que calculan en 24 euros al mes el incremento que supondría por agente. “Si hay presupuestos para 2018, le puedo asegurar que ya comenzaremos con la equiparación salarial”, ha respondido al PSOE en el Senado esta semana Zoido, que ha recordado que al menos desde 1990 -con el socialista José Luis Corcuera al frente de Interior- ya se reivindicaba la igualdad salarial.

Esta demanda y el incremento de las plantillas de la Policía Nacional y Guardia Civil, muy diezmadas al no haberse podido cubrir las bajas al 100% por la crisis económica, será otro de los caballos de batalla que marcarán la legislatura en el ámbito de Interior.