Pedro Sánchez se sabe de memoria párrafos del libro En busca de respuestas de Felipe González que recitaba durante las primarias en las que venció al establishment del PSOE, incluidos sus dos antecesores como presidentes del Gobierno socialistas. "Un líder se hace cargo de los sentimientos de la gente, como dice Felipe", explicaba entonces. Al igual que la persona que ahora mismo tiene mayor influencia sobre él, su jefe de gabinete, Iván Redondo, Sánchez busca su inspiración para algunos aspectos de su Gobierno en la figura y la política emprendida por Felipe González.
Desde la moción de censura, inspirada también en la González de 1980, hasta su reciente gira por Latinoamérica, un espacio donde los presidentes españoles encuentran un fácil reconocimiento, Sánchez busca un camino propio a la hora de labrarse una imagen como estadista. Y ahí entra en juego la política internacional, que los presidentes suelen impulsar durante sus segundos mandatos y a la que Sánchez ha dado protagonismo desde el primer día de sus escasos tres meses en el Gobierno. Tras resucitar con Merkel y Macron la alianza con Francia y Alemania de la época de González, su primera incursión en Iberoamérica ha acabado recordando más a la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con una inspiración felipista, Pedro Sánchez ha visitado países de distinta órbita política y dispar renta per cápita, con el objetivo de desmarcarse de etiquetas ideológicas y mostrar igual simpatía por el Chile del liberal Sebastián Piñera que por la inquieta Bolivia de Evo Morales, el país más generoso en fanfarrias a la hora de recibir al gobernante español. A pesar del empeño del gabinete del presidente por poner el acento en su interés en cooperación, derechos humanos y hasta la lucha contra la violencia de género, más allá de las relaciones empresariales que suelen guiar estas giras, la crisis humanitaria en Venezuela y la fotografía con Evo Morales ha hecho planear la sombra de José Luis Rodríguez Zapatero sobre los cinco días del viaje.
Igual que Zapatero, el “hermano presidente Pedro Sánchez Pérez Castejón” ha sido condecorado con la máxima distinción del país: la Orden Nacional del Cóndor de los Andes en el grado de Gran Collar. En el discurso de Evo Morales, la presencia y cariño de Zapatero, que sigue visitando el país, fue más que patente.
La condecoración a Zapatero se produjo después de que el Gobierno español condonara a Bolivia más de 62 millones de euros de una deuda procedente de créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en febrero de 2010. El entonces presidente socialista acordó esa medida en septiembre de 2009, durante la visita a España de Evo Morales. Además, bajo su mandato, el Gobierno español convirtió a Bolivia en destinatario principal de Ayuda Oficial al Desarrollo con subvenciones que algunos medios cuantifican en más de 300 millones de euros durante sus dos legislaturas, además de la compra y el envío de 700 ambulancias para las comunidades indígenas.
En el entorno del presidente se destaca ese "precio" por una condecoración que a Pedro Sánchez le ha salido gratis. De momento. Porque la situación política boliviana sigue convulsa y pronto requerirá el pronunciamiento de la comunidad internacional a favor o en contra de la reelección de Evo Morales en 2019. A pesar de que la Constitución boliviana limita a dos los mandatos presidenciales y que el Gobierno perdió el referéndum para cambiarla, el Tribunal Constitucional del país ha emitido un controvertido fallo que establece los “derechos políticos” reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos por encima de la limitación de mandatos para dar cobertura legal a la reelección de Morales. El alto tribunal declaró inconstitucionales las leyes electorales que impiden la reelección más allá de dos mandatos de los presidentes. Evo Morales lleva tres mandatos al frente del país, uno con el antiguo régimen constitucional vigente hasta 2009 y dos con la Constitución promulgada durante su Gobierno.
Mientras la oposición boliviana y asociaciones pro derechos humanos impulsan denuncias y recursos en la Justicia internacional para frenar la pretensión de Morales de presentarse a las elecciones generales de 2019, su Gobierno y su partido, MAS (Movimiento al Socialismo), están promoviendo manifestaciones y actos de apoyo por todo el mundo. El pasado 21 de febrero protagonizaron uno de esos actos en Madrid el ex presidente Zapatero, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el coordinador general de IU, Alberto Garzón.
Con su política internacional, Zapatero entendió conveniente evitar la confrontación con los movimientos populistas por entonces existentes en Venezuela con Hugo Chávez; en Brasil con Lula da Silva, en Bolivia con Morales, en Argentina con los Kirchner y en Ecuador con Correo. Las grandes multinacionales españolas requerían de ese entendimiento para proteger sus intereses en esos países frente a las políticas de nacionalización de sectores estratatégicos que promovían dichos Gobiernos. "Cualquier inversión española aquí está garantizada", anunció el miércoles Evo Morales. "Tenemos buena amistad con las empresas como Repsol, son nuestros socios. Saludamos la experiencia de las empresas españolas", añadió, abriendo la puerta a la participación española en la construcción del tren biocenánico, una obra de 12.000 millones que unirá el puerto peruano de Ilo, en el océano Pacífico, con el brasileño de Santos, en el Atlántico.
Tras conflictos judiciales con grandes empresas españolas por las expropiaciones iniciadas en 2008 que dejaron en manos del estado plurinacional de Bolivia cuatro filiales de Iberdrola, una de Reed Eléctrica y la gestora de aeropuertos Sabsa, el BBVA también ha denunciado al régimen de Morales por incumplir su compromiso de integrar a su gestora de fondos de pensiones en el sector público. El gabinete de Sánchez ha relegado estas cuestiones ante la opinión pública dando protagonismo a actos y convenios en materia de cooperación, especialmente de gestión del agua y saneamiento, ecología y derechos humanos.
También sobre la crisis humanitaria de Venezuela, que ha provocado un éxodo de 2,3 millones de venezolanos a los países limítrofes, Sánchez se encuentra entre Felipe González y Zapatero. Ambos ex presidentes tienen posturas enfrentadas ante el régimen de Nicolás Maduro. González incluso ha acusado a Zapatero y su apuesta por el diálogo de conseguir "lo contrario de lo que se pretendía", al "multiplicar por seis el número de presos políticos, desabastecimiento e inflación infinitamente mayores y en ningún momento se ha devuelto poder a la Asamblea democráticamente elegida".
González, que se codea con las grandes fortunas de Venezuela y México como la del magnate Carlos Slim, mantuvo una amistad fraternal con el ex presidente venezolano fallecido Carlos Andrés Pérez, vicepresidente de la Internacional Socialista y gran apoyo de los dirigentes del PSOE en la etapa de la clandestinidad. Juntos, en los 90 habilitaron un canal para que los etarras que optaban por dejar las armas pudieran encontrar un asilo sin posibilidad de extradición en Venezuela, convirtiendo al país en un santuario de al menos 60 ex terroristas.
Durante su visita a Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica, Pedro Sánchez ha sido constantemente preguntado por la crisis política de Venezuela y siempre se ha puesto de perfil. "Un país que tiene presos políticos no puede llamarse democracia", ha sido su declaración más contundente al respecto.
La política internacional de Felipe González también sirvió para reforzar el proceso democratizador en España y fortalecer el papel del europeísmo, dos ideas-fuerza que ahora recupera Pedro Sánchez. De hecho, su decisión de exhumar los restos de Franco y poner el foco sobre el Valle de los Caídos persigue precisamente identificarse con una imagen de democracia y modernidad frente a una derecha que acaba viéndose vinculada políticamente con la dictadura. Pero el resultado de ese empeño no es el ideado por el gabinete presidencial. En vez de asimilarse a Felipe González, la política de Sánchez vuelve a sacar a relucir la figura de Zapatero y su controvertida gestión de la Memoria Histórica, que abrió enfrentamientos por ciudades y municipios de España a la hora de revisar monumentos y el callejero para eliminar las referencias al franquismo.
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