Las mascarillas – más bien la ausencia de ellas – ha sido y en cierto punto continúa siendo uno de los puntos más críticos de la crisis del coronavirus. Han pasado tres meses desde que la misteriosa neumonía china que había surgido en un mercado de animales de Wuhan empezó a verse como una amenaza en España. Era finales de enero, ya se hablaba de repatriar españoles residentes en aquella ciudad aunque aún no se podía atisbar ni de lejos la amenaza global que ahora vivimos.

Sin embargo, aunque la recomendación del uso de mascarillas por parte del Ministerio de Sanidad aún tardaría más de dos meses, el 24 de enero trascendió que Interior recomendaba el uso de mascarillas a sus agentes en los cacheos en aeropuertos y ese fin de semana las farmacias advirtieron de un fortísimo aumento de la demanda.

Durante el mes siguiente continuó la evolución de la epidemia, siempre a rebufo de Italia. El 31 de enero se diagnosticó el primer paciente en España, un turista alemán ingresado en La Gomera. Su contagio había tenido lugar en Alemania. El 10 de febrero se unió el caso de un británico en Mallorca.

El primer gran síntoma económico se produjo el 10 de febrero, con la cancelación del Mobile World Congress de Barcelona por miedo al contagio de coronavirus. Desde el Gobierno se dijo que no había razones sanitarias para suspenderlo y 10 días después, el 23 de febrero, se continuó descartando la existencia de contagios legales.

Sin embargo, la falta de mascarillas se extiende ya también a los hospitales donde se suceden robos que obligan a ponerlas bajo llave.

Y la explosión de casos llega apenas una semana más tarde, a finales de febrero se confirma la transmisión local y el 2 de marzo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) señala la “obligación de destinar con carácter prioritario la comercialización de mascarillas sanitarias al abastecimiento de centros y servicios, en detrimento del suministro a establecimientos sanitarios (farmacias, ópticas, etc.)”. También se prohibía la exportación de este producto.

El 4 de marzo se conoció la primera víctima (había muerto el 13 de febrero) y para aquel momento las farmacias ya tenían desabastecimiento desde hacía semanas y los problemas los compartían en hospitales y otros centros sanitarios, una carencia de la que España aún no se ha recuperado 100%. No había mascarillas pese a que su uso en la población general no estaba indicado – ni lo estaría hasta el 3 de abril, un mes más tarde.

A principios de marzo se empiezan a multiplicar los casos y horas después de la polémica manifestación del 8 de marzo empieza el cierre de centros de día y colegios, primero en Madrid y enseguida en el resto de España. El 11 de marzo el coronavirus se convierte oficialmente en pandemia y el 14 España decreta el Estado de Alarma.

El Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma por el COVID-19 establece en su artículo 13 una medida que, según se ha denunciado en el sector, supuso un obstáculo para el abastecimiento de mascarillas. «El Ministro de Sanidad podrá practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública en el contexto de esta crisis sanitaria». Un día después, Sanidad establece “obligaciones” a “fabricantes y/o importadores de algunos productos o personas que tengan capacidad de desarrollo de los mismos, de presentar información sobre las existencias”

Unos días más tarde, el 18 de marzo, la Federación de Empresarios de Oficina de Farmacia (FEFE) pide al Ministerio de Sanidad que se extremen las medidas de protección a las farmacias, además de suministrarles el material necesario que ya es oficialmente casi imposible de encontrar. El Gobierno aprueba de urgencia una norma el 20 de marzo que permite comprar material de protección sin el sello europeo CE.

FEFE envía una carta pocos días más tarde al portavoz del Comité Técnico de Gestión del Coronavirus Fernando Simón solicitando que se garantice el acceso al material de protección de urgente necesidad: mascarillas, guantes y días más tarde denuncia «ninguneo» por parte del Gobierno al que acusa de no facilitarles la protección.

Para esos momentos, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya reconoce que «el mercado está loco» y se recurre a una compra multimillonaria que no estará exenta de polémica, por los fallos en sus tests rápidos así como por los proveedores.

El 3 de abril, el mismo día en que Sanidad plantea por primera vez el uso generalizado de mascarillas, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCF) pide a Sanidad “que fije en origen el precio de los productos de protección del coronavirus para evitar especulación”. Pocos días más tarde se suceden peticiones similares al tiempo que denuncias sobre la falta de protección incluso entre los propios farmacéuticos para poder seguir atendiendo con seguridad a los usuarios.

Se sucede una escalada de precios, tanto online como en algunas farmacias, y FEFE envía un comunicado en el que avisa que no son responsables de dicho encarecimiento. El día 15 de abril la patronal de distribuidores farmacéuticos Fedifar destaca que las empresas de distribución farmacéutica trabajan intensamente para abastecer de mascarillas a las oficinas de farmacia, haciendo hincapié en las dificultades que están teniendo ante un mercado especulativo y falto de garantía sanitaria. Los farmacéuticos ya habían ofrecido al Ministerio de Sanidad, a través del los Colegios Profesionales, «la distribución controlada de mascarillas a la población a través de la tarjeta sanitaria, sin margen para las farmacias y al precio intervenido que establezca el Gobierno”.

Durante los días siguientes y hasta que finalmente el Gobierno regula el precio, FEFE pide bajar el IVA de las mascarillas y material de protección al 4%. El 20 de abril Cofares, la mayor distribuidora farmacéutica nacional, anuncia una operación comercial para distribuir escalonadamente 180 millones de mascarillas y las farmacias reciben en un día cuatro millones. Eso ocurre un día antes de que Sanidad fija el precio máximo de las mascarillas de venta al público en 0,96 céntimos.

Desde el Consejo General de Colegios Farmacéuticos señalan, sobre la fijación de precio máximo que “espera que esta propuesta, aunque llega algo tarde” y sugiere la “revisión periódica” del mercado. Aunque desde el sector advierten de la posibilidad de desabastecimiento y pérdidas por la regulación del precio de mascarillas, la adquisición de 18o millones de mascarillas por parte de Cofares empieza a llegar a los ciudadanos.