Se acumulan los problemas para el PSOE. Este miércoles, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badajoz abrió diligencias para investigar a la exmilitante socialista Leire Díez, más conocida como 'la fontanera', a raíz de una denuncia presentada por la asociación Hazte Oír. En ella se señala que, junto al exjuez Luis José Sáenz de Tejada, trató de urdir un plan para interferir en la causa que instruía la juez Beatriz Biedma, centrada en el acceso a la Diputación de Badajoz del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, finalmente procesado por tráfico de influencias y prevaricación.
Díez saltó al foco mediático tras la difusión de un audio en el que ofrecía al empresario Alejandro Hamlyn un pacto con la Fiscalía a cambio de información comprometedora sobre el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO), la unidad que dirige las investigaciones de los casos de corrupción que salpican al PSOE, como el 'caso Koldo', la investigación a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, o al propio David Sánchez.
Díez alegó que sus reuniones con empresarios y abogados respondían a un fin periodístico y que, en ningún caso, actuó con otra intención, y niega también que actuara siguiendo las directrices del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Precisamente, este nuevo frente judicial ha irrumpido pocos días después de la difusión del informe de la UCO que le sitúa al borde de la imputación en el Tribunal Supremo.
Fue Cerdán quien recibió a Díez en la sede de Ferraz tras el estallido del escándalo de 'la fontanera', y también aseguró que no actuaba bajo sus órdenes cuando fue cuestionado por los medios. No obstante, tal y como contó este medio, el exsecretario de Organización del partido supervisó reuniones de la exmilitante con "víctimas de las cloacas".
El juez de Badajoz considera que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos", entre ellos descubrimiento y revelación de secretos, estafa procesal, cohecho y tráfico de influencias. Según Hazte Oír, tanto Díez como Sáenz de Tejada intentaron "sabotear la causa" y mostraron un "interés obsesivo" por apartar a Biedma de la instrucción.
Un exjuez condenado por el Supremo
La denuncia incorpora transcripciones de audios revelados por Libertad Digital, en los que el exjuez le indica a Díez en uno de ellos que le ha enviado documentación para una denuncia contra varios magistrados, incluida Biedma: "Ya te lo he enviado. He insertado los documentos a los que aludo, por no mandarlo todo por el correo. Cuando se adjunte la denuncia, pues se adjuntará", afirma en una de las grabaciones.
A partir del minuto 00:45 añade: "Está toda la organización, está la Beatriz Biedma, por supuesto". En otro fragmento, Sáenz de Tejada expresa su disposición a seguir el plan acordado entre ambos: "Un saludo y ya decidme cuándo voy para allá para presentarla y lo de la personación y lo de la rueda de prensa".
Sáenz de Tejada fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 33 meses de prisión por un delito de violencia psicológica habitual contra su exmujer, también juez. Antes de su salida de la judicatura, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puertollano y, posteriormente, del Penal número 3 de Ciudad Real. El Tribunal Supremo ratificó su condena.
La denuncia de Hazte Oír subraya que intentó personarse en el procedimiento que afecta a David Sánchez. Tras ser rechazado por Biedma, promovió su recusación alegando "enemistad manifiesta". "Es obvio que su objetivo inicial era no llamar la atención e inducir a error a la juez para que admitiese su personación como acusación popular para, de inmediato, instar su recusación y apartarla del procedimiento", sostiene la asociación.
A juicio de la asociación, las maniobras de Díez y Sáenz de Tejada buscaban el archivo del caso por cualquier medio, incluyendo el fraude procesal y la obtención de información sensible compartida por el exjuez. La providencia del juzgado extremeño supone el primer paso judicial formal para investigar las actividades de 'la fontanera', más allá del foco mediático en el que había estado hasta ahora.
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