Volviendo la mirada justo un año atrás, el mantra del Gobierno y del PSOE era el mismo. La carta de navegación no admite cambios y solo se contempla la parada final de 2027. Pedro Sánchez apunta siempre esa misma fecha, su equipo insiste en que no hay otra posible ni hay motivos para anticipar el momento de las elecciones generales. Pero, con este 2026 recién estrenado, el combustible del Ejecutivo se va agotando y el motor está cerca de gripar. El presidente ha visto en los últimos meses cómo se agudizaba su precariedad parlamentaria por la ruptura decretada por Junts, por la tierra de por medio puesta por Podemos, por el medido distanciamiento y los avisos del resto de socios de investidura. Ha comprobado cómo se acumulaban a sus pies causas judiciales por presunta corrupción —algunas que considera fruto de la "persecución" a su familia—, le han estallado las denuncias de acoso dentro de su propio partido a raíz de la más que deficiente gestión de los aterradores escritos de dos mujeres contra el ex alto cargo de la Moncloa Paco Salazar. Y afronta ahora una complicada maratón electoral propiciada por el PP, comicios por goteo diseñados para desmoronar la moral de la dirigencia y los cuadros socialistas. Y para forzarle a llamar a las urnas.

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El jefe del Ejecutivo está dispuesto a aguantar porque entiende que es su responsabilidad, más aún por el contexto internacional, y se apoya en el crecimiento de la economía y el tirón del empleo

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Pero Sánchez está dispuesto a resistir. Una vez más. Porque entiende que resistir es, en un escenario completamente adverso para él, ganar. Y porque entiende "el momento que atraviesa el mundo" y que España es el "contrapunto" por sus políticas progresistas y que no puede ni debe rendir la plaza. Además, la economía sigue creciendo más que ninguna otra en la zona euro (2,9% en 2025, 2,2% en 2026, según la última revisión del Banco de España), igual que la creación de empleo. En su partido, sin embargo, el temor se agranda y se duda de que pueda aguantar el tirón si encadena las convocatorias a la vista —Aragón, el 8 de febrero; Castilla y León, en marzo; Andalucía, probablemente en mayo o junio— a la baja, si se repite el patrón, aunque modulado, de los comicios del pasado 21 de diciembre en Extremadura.

La iniciativa política, un tesoro preciado pero difícil de preservar, la perdió el presidente desde hace semanas. La recuperó en septiembre, tras un final de curso devastador por la caída y entrada en prisión de Santos Cerdán, y lo logró gracias a la condena al "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza. El alivio duró poco. Muy poco. Siguieron los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ingreso en la cárcel de José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, el caso Salazar, la debacle en Extremadura. La Moncloa intentará retomar el pulso a la vuelta de Reyes, y ultima grandes proyectos como los Presupuestos Generales del Estado para 2026 o el nuevo modelo de financiación autonómica. Los dos con grandes dudas acerca de su viabilidad por la falta de apoyos parlamentarios. Tampoco tienen los respaldos garantizados el decreto ley de prórroga del escudo social o la quita de la deuda autonómica, normas ambas ya en el Congreso. Y la vivienda sigue siendo, además de un permanente foco de tensiones entre los dos socios de la coalición gubernamental, PSOE y Sumar, la burbuja que no deja de hincharse, una creciente preocupación ciudadana y un severo problema para el Ejecutivo de cara, sobre todo, a sus votantes.

01. Tres autonómicas (al menos) para abrir boca

2025 arrancó sin previsión de elecciones. Pero las hubo. Al final del año. En Extremadura, convocadas por su presidenta, la popular María Guardiola, con la intención de hundir al PSOE y liberarse de Vox. Un doble objetivo que pudo cumplir a medias el 21 de diciembre. Despedazó a los socialistas y a su candidato, Miguel Ángel Gallardo, que perdió de una tacada 10 escaños —cayó de 28 a 18 diputados—, aunque ella no logró desanudarse de una ultraderecha que se coronó como la gran vencedora de los comicios, al ensanchar desde los cinco a los 11 representantes, más del doble. La alianza reeditada de Podemos e IU, Unidas por Extremadura, también avanzó, al saltar de cuatro a siete actas.

Tras la debacle en Extremadura, siguen tres elecciones complicadas para el PSOE y en las que se pondrá a prueba la estrategia del presidente de lanzar a ministros como candidatos

Las negociaciones para la nueva investidura de Guardiola están todavía en marcha, Gallardo dimitió al día siguiente del 21-D, y ya el tren electoral enfila hacia el siguiente destino: Aragón. El 8 de febrero. Otra convocatoria muy complicada para los socialistas, según las encuestas, aunque no se espera un descalabro de la magnitud de Extremadura. Pilar Alegría es la cabeza de cartel y con ella Sánchez obtendrá la primera prueba de cómo funciona en las urnas su estrategia de lanzar ministros candidatos. Por el momento, la exportavoz del Gobierno busca difuminar su pasado rol en el Gabinete para liderar una campaña "de proximidad", a pie de obra, pueblo a pueblo, barrio a barrio, al estilo del ya alcalde de Nueva York, el exitoso Zohran Mamdani, nuevo faro de la izquierda en todo el mundo.

Después llegarán los comicios en Castilla y León, previstos para marzo y aún sin convocar, en los que los socialistas, liderados por Carlos Martínez, alcalde de Soria y relevo de Luis Tudanca ungido por Ferraz, esperaban poder ganar. Vislumbraban la victoria, animados por el desgaste del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, por su mala gestión de los incendios forestales del pasado verano y la erosión de un marca, el PP, que cumple este 2026 la friolera de 39 años en el poder. Ahora, el PSOE comparece allí más debilitado. Y, como sobre todo recuerdan en la cúpula de la federación, las de Castilla y León serán las terceras elecciones de este nuevo ciclo, y no las primeras. Un dato importante, porque el partido corre el riesgo de quedar contagiado del negro ambiente de Extremadura y de un hipotético retroceso en Aragón, mientras que encabezar la serie por una comunidad teóricamente más favorable habría permitido imbuir algo más de optimismo al conjunto de la organización.

Porque las siguientes urnas serán las de Andalucía, en principio para finales de la primavera, y serán las más importantes de esta primera tanda de citas electorales. Es la comunidad más poblada de España, el antiguo bastión del PSOE. La federación, liderada desde enero por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, creía posible que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, perdiera la mayoría absoluta, más aún después de que eclosionara el caso de los cribados de cáncer de mama. El PSOE andaluz sentía que ese gran tachón en el currículum de Moreno —en realidad, era su primera gran crisis— le abría mucho camino, igual que la detención del ya expresidente de la Diputación de Almería por presunta corrupción, pero en las últimas semanas los nubarrones internos han avivado los temores. A la irritación por el caso Salazar sentida por el conjunto del partido se ha sumado la inquietud por las nuevas entregas de las investigaciones de presunta corrupción y por el desastre en Extremadura.

Los cargos municipales del PSOE quieren que las generales se celebren antes que las locales y autonómicas, para que no se repita el patrón de 2023, donde ellos fueron primero los castigados

Sánchez tendría disponible un as en la manga, que él ha descartado hasta ahora, aunque en su partido no lo tengan tan claro: sumar las generales a las andaluzas, lo que le permitiría ayudar a su mano derecha, la vicepresidenta Montero, con una movilización presumiblemente más alta, y ayudarse también a sí mismo con un caudal de votos más potente del granero tradicional socialista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a sus tres vicepresidentas del Gobierno: Sara Aagesen, Transición Ecológica y Reto Demográfico (i); María Jesús Montero, Hacienda (2i), y Yolanda Díaz (Trabajo y Economía Social (d), el pasado 23 de diciembre de 2025 en la Moncloa, tras la última remodelación del Ejecutivo. | EUROPA PRESS / EDU PARRA

Pero si el presidente no une sus elecciones a las de Andalucía, la duda continuará presente: ¿aguantará hasta 2027? Muchos dirigentes entienden que si en este primer semestre se acumulan tres derrotas electorales en las tres autonómicas programadas será muy difícil para Sánchez estirar el mandato muchos meses más. Sería imposible arribar a 2027, creen. Lo que sí es un clamor interno es la petición al líder para que no se repita la secuencia de 2023, cuando primero se sometieron al escrutinio ciudadano alcaldes y presidentes autonómicos y luego se celebraron las generales. Los cargos municipales socialistas demandan que sea el presidente quien vaya antes a las urnas, para evitar que sean ellos los que reciban el hipotético castigo y enfado de los electores con el partido.

02. Los frentes judiciales, lejos de despejarse... salvo la amnistía

Otro año más, España vivirá pendiente de los tribunales. Y el Gobierno y el PSOE, por descontado. El Supremo señalará el juicio, y no tardará mucho, de la primera parte del caso Koldo, la que afecta a la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia. Una cercanía temporal que explica que el pasado 27 de noviembre ingresaran en la prisión de Soto del Real el exministro Ábalos y su exasesor, apenas ocho días después de que dejara el mismo penal, tras pasar cinco meses en él, el propio Cerdán. El extitular de Transportes se enfrenta a una petición, por Anticorrupción, de 24 años de cárcel, que las acusaciones populares subieron a 30.

El PSOE ha dado a conocer las conclusiones del 'forensic' encargado a dos expertos cercanos, que descartan financiación ilegal aunque detectan gastos "llamativos" e "improcedentes" de Ábalos

Pero queda aún mucha tela por cortar. La UCO aún tiene que entregar su informe sobre la situación patrimonial de Cerdán, mientras sigue la investigación sobre los presuntos amaños de contrataciones públicas, una trama que le tenía a él, presuntamente, en el centro. La Audiencia Nacional también investiga los pagos en metálico del PSOE a Ábalos o Koldo, una pieza separada que le remitió el Supremo y para la que el partido ha tenido que aportar todos los justificantes de sus abonos en efectivo realizados entre 2017 y 2024 y que se mantiene por ahora secreta por la afección a la protección de datos de muchas personas. Ferraz se defendió, esta última semana de 2025, con un forensic encargado a dos expertos en materia tributaria de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el que, a su juicio, se descarta la financiación ilegal del PSOE pero sí halla gastos "llamativos" y "manifiestamente improcedentes" que la Secretaría de Organización de Ábalos cargó a la formación. Los que firman el informe son el catedrático Félix Alberto Vega, propuesto en su momento por Podemos para el Consejo General del Poder Judicial, y César Martínez, profesor titular y asesor en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena de alcaldesa y en la Moncloa con Sánchez de presidente.

El caso Leire emergió en este 2025 a raíz de los audios de la llamada fontanera de Ferraz. Leire Díez, exconcejala socialista de Vega de Pas y ya exmilitante del partido, está imputada por cohecho y tráfico de influencias para llevar a cabo un presunto plan delictivo para desacreditar a la UCO y a la Fiscalía e intentar influir en investigaciones de corrupción. Su causa la lleva el juez de Madrid Arturo Zamarriego, y en ella están imputados su amigo el empresario Javier Pérez-Dolset y el periodista Pere Rusiñol. Díez presumía de actuar a las órdenes de Cerdán. Hasta el momento, el PSOE no ha emprendido acciones judiciales contra ella.

Pero fue ya en diciembre cuando la exmilitante se vio envuelta en una segunda causa, si cabe más grave. Esta conducida por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Díez fue detenida junto al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández (2018-2019) y el empresario Antxon Alonso, dueño de Servinabar, la mercantil de la que Cerdán, según los agentes, posee el 45%. Aquí se investiga el cobro de mordidas a cambio de la mediación en contratos con empresas ligadas a la SEPI. Junto a las detenciones, se procedió a una veintena de registros y se requirió información a empresas relacionadas con la SEPI (como Enusa o Correos, en las que trabajó Díez, o Forestalia) y dependencias de los ministerios de Hacienda y de Transición Ecológica.

Al 'caso Koldo / Ábalos / Cerdán' se sumaron las investigaciones a Leire Díez y ahora la detención de esta y del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que coincidió con el 'caso Salazar'

El estallido del caso SEPI se solapó en el tiempo con el caso Salazar. El partido había tenido casi cinco meses en el congelador las denuncias de dos mujeres contra el ex alto cargo de la Moncloa, hombre de absoluta confianza de Sánchez. El caso desató un #MeToo en el PSOE y un enorme malestar, sobre todo porque para el partido es capital el voto femenino, parte del cual había huido, según los sondeos, tras las conversaciones interceptadas por la UCO de Ábalos y Koldo sobre mujeres prostituidas. El daño reputacional fue terrible, manchó la campaña del 21-D y señaló directamente a la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, sustituta de Cerdán, y salpicó a la propia Montero.

Sánchez insiste en que en los casos de presunta corrupción y acoso sexual el partido está actuando rápidamente, con "tolerancia cero", apartando de raíz a los acusados, colaborando con la Justicia, y que eso diferencia la respuesta dada por el PP cuando se ha visto afectado también por los escándalos. Pero el juicio hacia otras causas ha sido distinto. Atrás quedó ya la vista y la condena al ya ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz —en cuya inocencia el Gobierno sigue creyendo—, la investigación a Begoña Gómez, la esposa del presidente, por parte del juez Juan Carlos Peinado —instrucción corregida una y otra vez por la Audiencia de Madrid—, o el juicio contra el hermano de Sánchez, David. Este, de hecho, se sentará en el banquillo ante la Audiencia de Badajoz el 28 de mayo y, junto a él, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación pacense y dimitido como líder de los socialistas extremeños.

El hermano del presidente se sentará en el banquillo en mayo, y sigue la causa contra Begoña Gómez. El TC previsiblemente dará amparo a Puigdemont, y eso supondría su vuelta

Para primeros de año, el Ejecutivo sí espera un alivio por parte de los tribunales: el amparo que el Constitucional previsiblemente reconozca al expresident Carles Puigdemont, el pasaporte que le permitiría regresar a España, siempre y cuando el Supremo levante las cautelares. También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avalará la ley de amnistía después del informe favorable del abogado general. En ese regreso del líder de Junts confía Sánchez para enderezar la legislatura.

03. Remodelaciones, las justas

El presidente acometió el pasado 22 de diciembre, con la resaca bien caliente de las elecciones extremeñas en las que su partido se despeñó, un ajuste de su Gabinete. Muy limitado, como él mismo había prometido. Para cubrir la vacante de Pilar Alegría hizo dos movimientos: concedió la portavocía del Gobierno a Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y encargó Educación, Formación Profesional y Deportes a Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y rival interna del barón regional, Emiliano García-Page.

La siguiente remodelación del Ejecutivo llegará en unos meses y será de mayor calado por la pieza que deberá sustituir Sánchez: María Jesús Montero

La siguiente remodelación del Ejecutivo llegará en unos meses y será, forzosamente, de mayor calado, porque quien se marchará es un peso pesado del Consejo de Ministros: María Jesús Montero. Ella partirá para combatir contra Juanma Moreno en Andalucía y Sánchez deberá decidir si amortiza la vicepresidencia primera, si corre el escalafón o si nombra un sustituto, y también quién ocupa uno de los departamentos medulares de todo Gobierno: Hacienda.

La exportavoz del Gobierno y extitular de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría (i), con su sucesora en el ministerio, Milagros Tolón (c), y la nueva portavoz del Ejecutivo y responsable de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el pasado 22 de diciembre de 2025 en Madrid. | EFE / FERNANDO VILLAR

Pero esos retoques puntuales no son los que le pide Sumar. La tensión entre los dos socios de coalición ha ido en aumento en los últimos meses. Por políticas como el crecimiento del gasto militar pero también por el agolpamiento de los casos de presunta corrupción y acoso. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, defendió una remodelación profunda del Gobierno. Y, con ella, su partido, Sumar. Pero el presidente desoyó esa petición. No la considera necesaria, está "orgulloso" de todos sus ministros, hacen un "extraordinario" trabajo, aseguró el propio presidente en su comparecencia de balance del año, el pasado 15 de diciembre —se podría decir que hace una eternidad, por la velocidad de la política y porque se produjo antes del terremoto de las elecciones extremeñas—. La exigencia del socio menor del Gobierno irritó severamente a los socialistas porque, para ellos, era tanto como abrazar el "marco de la derecha".

Sumar pide al presidente una reacción "urgente" tras los casos de corrupción y acoso. Pero Sánchez se niega a una reestructuración completa

Sumar, sin embargo, sigue pidiendo al PSOE que reaccione. De forma "urgente". Y, mientras, las fricciones dentro del Ejecutivo escalan. El último roce se produjo a cuenta de la aprobación, en el último Consejo de Ministros, el del pasado 23 de diciembre, de la autorización a Airbus para que importe material militar israelí para cuatro proyectos aeronáuticos. Una excepción, la primera, al embargo de armas a Israel convalidado por el Congreso el pasado octubre.

04. Presupuestos, quita, financiación autonómica, vivienda

2026 da comienzo con una prórroga, la tercera, de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, aprobados en la pasada legislatura, con otra mayoría y otra composición del ejecutivo. Sánchez se comprometió a llevar, esta vez sí, su proyecto de ley al Congreso, pero él y su Gobierno han ido desplazando la fecha una y otra vez. No fue antes del 30 de septiembre, como marca la Constitución, no fue a finales de diciembre y Montero ya no habla de febrero, sino del "primer trimestre" de 2026. Por el camino están las elecciones aragonesas del 8 de febrero y las de Castilla y León de marzo.

El Ejecutivo ha ido desplazando la fecha de presentación de los Presupuestos. Ahora Montero habla ya del "primer trimestre" de 2026

La vicepresidenta, no obstante, no tiene mucho margen si quiere llevar a término el compromiso del líder socialista, porque como tarde Moreno convocará las elecciones en abril para que se celebren en junio, y en ese momento ella deberá partir para Andalucía. Pero antes de dejar el Ejecutivo, la ministra de Hacienda quiere presentar también el nuevo modelo de financiación autonómica —en el que el Estado pondrá más recursos encima de la mesa para todas las CCAA—. Y el proyecto de quita de la deuda autonómica, otra de las carpetas cruciales antes de su marcha, ya está en el Congreso.

La dificultad es la de siempre: los apoyos. La mayoría de investidura oficialmente no existe tras la ruptura de Junts, aunque en el Gobierno confían en que los posconvergentes vuelvan a ella cuando se trate de textos que crean positivos o que no puedan rechazar. La formación de Puigdemont ya tumbó por dos veces la senda de estabilidad para el periodo 2026-2028 y ha prometido que hará lo mismo con los Presupuestos, pero no ha anticipado qué ocurrirá con la quita. Meses atrás, antes de su divorcio con los socialistas, avanzaron su sí, pero ahora todo está en el aire. Con el modelo de financiación, el Ejecutivo tendrá difícil convencer a Junts, ya que, por lo manifestado por Montero, no se otorgará a la Generalitat ningún cupo similar al vasco, y ni tan siquiera se alumbrará una financiación singular pura para Cataluña, sino un diseño que reconozca las singularidades de los territorios pero generalizable a todas las CCAA. El resto de socios van distanciándose y no muestran su incomodidad. De manera más evidente, el PNV.

El Gobierno recalca que, pese a las dificultades, son ya las 52 iniciativas legislativas alumbradas en este mandato. En enero debe convalidar la prórroga del escudo social y de las ayudas al transporte

El Gobierno subraya que ya son 52 las iniciativas legislativas aprobadas en lo que va de legislatura. A la vuelta de la esquina, a finales de enero, necesitará la convalidación de los dos últimos decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros en 2025: la prórroga del escudo social, que incluye la revalorización de las pensiones, y la extensión de las ayudas al transporte y la creación del abono único. En principio, no tendría que sufrir para lograr el refrendo del Congreso, pero los votos aún no están amarrados.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, el pasado 12 de febrero de 2025. | EUROPA PRESS / EDU PARRA

El presidente pidió a sus ministros a finales de año, tras la ruptura con Junts, medidas disruptivas que puedan materializarse sin necesidad de pasar por las Cámaras, consciente de su debilidad parlamentaria. Este martes, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, quitaba en La hora de La 1 todo el hierro posible: es "normal" que la Moncloa pida a los distintos departamentos medidas, para ir ordenando los asuntos y calendarizarlos. Gobernar, recordó, no es solo aprobar leyes, y eso que el Ejecutivo lleva al Parlamento "casi dos leyes o medidas legislativas al mes". López insistió, como hace Sánchez, en que pese a todas las dificultades, este es un Gabinete "de los más estables de Europa", también a pesar de las "diferencias puntuales" entre los socios. El Gobierno, adujo, no se dedica a "resistir por resistir", sino que quiere sacar adelante medidas para la mayoría.

La ministra de Vivienda ha sido señalada por Sumar. Rodríguez ha culminado la transformación de Sepes en Casa47, Entidad Estatal de Vivienda

Uno de los problemas más acuciantes para Sánchez es la subida imparable de los precios de la vivienda. No en vano, y según el último barómetro del CIS, es la principal inquietud de los ciudadanos, la que es citada por el 39,9%. Sumar siempre recuerda que el éxito de la legislatura se juega ahí, en la vivienda. Porque ahí están sus electores. El Ministerio de Vivienda, que dirige Isabel Rodríguez, culminó este mes pasado la transformación de Sepes en Casa47, Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, la infraestructura que sustentará el sistema público de vivienda. Pero el socio de coalición pide medidas mucho más ambiciosas, como la prórroga de 600.000 contratos de alquiler, y señala directamente a Rodríguez. Y Podemos, la bajada de las rentas un 40%.

05. El frente interno

Sánchez cuenta con una autoridad incontestable en el partido. Desde hace años. Desde que arrolló a Susana Díaz en las primarias de 2017 y, especialmente, desde que conquistó la Moncloa en junio de 2018 a través de la moción de censura que en tribuna, por cierto, defendió Ábalos. Pero el descontento y la inquietud entre algunos cuadros ha crecido en los últimos meses con los avances de las investigaciones por corrupción y acoso. El pasado junio, de hecho, cuando cayó Cerdán tras un demoledor informe de la UCO y el presidente se planteó incluso dimitir, se escuchaban en el PSOE las voces de quienes, en privado, pedían adelantar las generales.

La autoridad de Sánchez en el partido es incontestable, aunque la inquietud ha crecido en los últimos meses por las causas judiciales y ahora también por el tsunami en Extremadura

El tsunami en Extremadura ha acrecentado la preocupación interna, pero hablar de rebelión en el patio socialista es, a día de hoy, aventurado, porque no se detectan movimientos de cuadros orgánicos en activo capaces de derribar al presidente. Hay dirigentes que expresan su malestar, como Emiliano García-Page, jefe de la Junta de Castilla-La Mancha, el único barón socialista con mayoría absoluta y crítico desde hace años con Ferraz y la Moncloa, pero tanto él como los suyos insisten en que no participa ni participará de ninguna maniobra para desestabilizar a Sánchez. Él ha abjurado de las alianzas con los independentistas y sí que ha reiterado que las generales deben celebrarse antes de las municipales y autonómicas, una demanda que sí es generalizada entre los alcaldes socialistas. El regidor de León, José Antonio Diez, reclamaba este martes en Antena 3 la "renovación de liderazgos" para corregir un rumbo "agotado".

El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a su llegada a la reunión de la comisión ejecutiva regional del PSOE extremeño, el pasado 22 de diciembre de 2025, al día siguiente de los comicios autonómicos, en Mérida, Badajoz. | EUROPA PRESS / JAVIER CINTAS

En enero se prevé la publicación de un manifiesto liderado por el exministro Jordi Sevilla, muy crítico con Sánchez, para pedir una alternativa socialdemócrata. Su tesis, que comparten otros miembros de la vieja guardia, es que "así no se puede seguir" y que urge convocar unas nuevas generales. E insta al jefe del Ejecutivo a que se plantee "muy seriamente si es mejor seguir siendo el candidato o es mejor dar paso a otros". En las dos últimas semanas ha recobrado también protagonismo el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, en su caso por pedir abiertamente que el PSOE se abstenga para dar el Ejecutivo autonómico a María Guardiola y evitar así que dependa de Vox. La salida la tendrá que buscar la comisión gestora nombrada por Ferraz tras la dimisión de Gallardo y que preside el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, aunque en la federación, en la Moncloa y en Ferraz se niegan a facilitar las riendas del Gobierno al PP porque fue la jefa de la Junta la que decidió anticipar los comicios y ha de ser ella quien deba buscar los votos para asegurarse su investidura.

Sevilla lanzará su manifiesto este enero para pedir una alternativa socialdemócrata. El expresidente extremeño Rodríguez Ibarra cree que el PSOE debería facilitar la investidura de Guardiola

Sánchez no teme movimientos en su contra. Se siente "muy respaldado" por la "organización en su conjunto", como él mismo dijo en la copa de Navidad del pasado 15 de diciembre. Él mismo ha cerrado en repetidas ocasiones el debate de su sucesión: él será el candidato en unas elecciones generales que llegarán en 2027. En política, no obstante, las certezas son pocas. Y más en una incertidumbre tan convulsa como la actual. 2026 dirá si la legislatura navega hasta su final natural o se precipita. Todo puede pasar.