Los sindicatos reclaman al Gobierno "ofertas extraordinarias" de empleo público por la regularización masiva de inmigrantes

El Ministerio de Función Pública y los principales sindicatos entre los empleados públicos —CCOO, CSIF y UGT— se han reunido este viernes para abordar la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Durante el encuentro, las organizaciones sindicales han trasladado sus peticiones al Ministerio que dirige Óscar López. Entre ellas, CCOO ha defendido la necesidad de impulsar "ofertas extraordinarias por nuevos servicios públicos, con especial atención al proceso extraordinario de regularización" de inmigrantes en los departamentos de la Administración General del Estado (AGE) donde mayor impacto tendrá la regularización. Es decir, en el "Ministerio del Interior, las Oficinas de Extranjería, la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo (SEPE) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)".

Tras el Consejo de Ministros de este martes, el Gobierno anunció que había aprobado a través de un Real Decreto la regularización administrativa extraordinaria de inmigrantes. Según las estimaciones del Ejecutivo, se beneficiarán unos 250.000 solicitantes de asilo —que iniciaron sus procedimientos de protección internacional pero que aún no se habían resuelto— y otras 250.000 personas que se encuentran en situación administrativa irregular. Es decir, en torno a 500.000 inmigrantes que podrán obtener un permiso para trabajar y residir en España durante un año.

Plantillas insuficientes

Ante ello, el Ministerio de Seguridad Social ha reforzado la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) en 400 empleados del propio ministerio, sumándose a los 200 que ya integran la plantilla para agilizar las tramitaciones, según adelantó InfoBae. Sin embargo, esta medida cortoplacista no será suficiente para abordar el cambio estructural que supone la incorporación de al menos 500.000 personas al sistema sin que se resienta la calidad de los servicios públicos.

Por ello, desde CSIF se han alineado con CCOO y reclaman que la Oferta de Empleo Público de 2026 "supere la citada oferta de 2025, tanto en acceso libre como en promoción interna", con especial énfasis en el "refuerzo de ámbitos especialmente deficitarios de personal, como son el SEPE, la Seguridad Social o Instituciones Penitenciarias, así como todos los implicados en el proceso de regularización".

Y es que la presión sobre los servicios públicos ya se está notando. De acuerdo con un comunicado de CCOO, en los diez primeros días de la entrada en vigor del nuevo reglamento, las oficinas de Extranjería —dependientes del Ministerio de Interior— registraron más de 100.000 expedientes en la plataforma Mercurio (aplicación informática de extranjería). "Una cifra que equivale a un mes completo de trabajo en condiciones normales de todas las oficinas de extranjería de España juntas", apuntaron desde el sindicato.

Por su lado, desde el Ministerio de Seguridad Social han comunicado este viernes que en las primeras horas de la regularización extraordinaria se han registrado 13.500 solicitudes telemáticas y 19.633 citas previas para asistencia a las oficinas de forma presencial. Además, el impacto no se limitará a la Administración General del Estado. Algunos ayuntamientos ya han alertado de que los servicios municipales "están colapsando", como ha señalado este viernes la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Pique.

Presión presupuestaria sobre Función Pública

Pese a las reclamaciones sindicales, desde el Ministerio de Función Pública "no han aportado cifras aproximadas ni el reparto de personal por departamentos" en la reunión que ha tenido lugar este viernes, según han indicado fuentes de la mesa de negociación a este periódico. Y han emplazado a los sindicatos a otra reunión para el próximo martes 21 de abril.

Sin emabrgo, lo cierto es que el presupuesto del Ministerio de Función Pública se enfrenta a un considerable reto. A las exigencias sindicales en el refuerzo de las plantillas deficitarias, con especial foco en las relacionadas con el proceso de regularización de inmigrantes, se suma la reducción de jornada de los funcionarios hasta las 35 horas semanales y el varapalo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de este martes.

Por un lado, la reducción de jornada desde las 37,5 horas semanales hasta las 35 obligará a las Administraciones Públicas a reorganizar turnos y efectivos para evitar un deterioro en la prestación de los servicios. Este reajuste no es menor; como avanzó El Independiente, la medida equivale a la pérdida de 17.500 empleos a tiempo completo, lo que refuerza la presión para ampliar la oferta de plazas en la OEP de 2026.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor de los interinos al considerar que la normativa española no cumplía "con el Derecho de la UE" en materia de abuso de la temporalidad. Aunque la resolución del tribunal europeo no implica que el Gobierno deba incrementar las indemnizaciones de los afectados o concederles una plaza fija de facto, sí traslada la responsabilidad al Tribunal Supremo, que deberá establecer doctrina sobre cómo sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público.

En este contexto, el Ministerio de Función Pública afronta la negociación de la OEP de 2026 con un margen presupuestario limitado. A las demandas sindicales para reforzar plantillas —especialmente en los servicios más tensionados por la regularización— se suman los costes derivados de la reducción de jornada y la incertidumbre jurídica tras el pronunciamiento europeo. Una presión sobre el gasto público que choca con la posición que el Ministerio trasladó en la negociación salarial de los funcionarios para el periodo 2025-2028, cuando advirtió de que no disponía de margen fiscal para incrementar el salario de los empleados públicos.