El Tribunal de Cuentas saca los colores al Gobierno por el control del blanqueo de capitales y los avales del ICO

Tras el polémico informe que señalaba el trasvase de fondos europeos para cubrir gastos como las pensiones, el Tribunal de Cuentas emitió esta semana dos informes en los que saca los colores al Gobierno por un déficit en el control tanto de fondos públicos como del blanqueo de capitales.

El organismo fiscalizador dependiente de las Cortes Generales emitió dos contundentes informes en los que por un lado denuncia la falta de financiación del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). El servicio que depende del Ministerio de Economía dirigido por Carlos Cuerpo se integra, sin embargo, en el Banco de España que preside el exministro José Luis Escrivá.

En pleno estallido del caso en el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, donde las pesquisas se centran en una posible red internacional de blanqueo de capitales, el Tribunal de Cuentas acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de no haber definido aún una estrategia de ámbito nacional de la política de prevención del blanqueo.

El informe de fiscalización concluye que aunque España ha incorporado la normativa europea a la legislación nacional y ha seguido las recomendaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pero dice que queda mucho por hacer.

El organismo que preside Enriqueta Chicano hace énfasis en su informe en la falta de recursos del Sepblac. Así, opina que ese déficit impide una respuesta ágil ante estas infracciones. Por ello pide al Gobierno que refuerce los medios humanos, tecnológicos y financieros del organismo.

Y es que el reto es mayúsculo. Aunque no hay estadísticas oficiales sobre el fenómeno del blanqueo de capitales en nuestro país, el Seplac recibió en 2024 comunicaciones sobre indicios por importe de 46.894 millones de euros. Europol cifra en 20.000 millones las transacciones sospechosas.

Más de 3.000 millones en juego con los ICO

Aunque el de la prevención del blanqueo no fue el único tirón de orejas al Gobierno. El organismo fiscalizador emitió otro informe en el que lanza un serio aviso sobre el control en los avales que se por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

Estas garantías del organismo público se concedieron entre 2020 y 2022 en el marco de la crisis sanitaria del coronavirus para garantizar hasta el 80% de préstamos a empresas y autónomos, con el objetivo de cubrir necesidades de liquidez, pago de salarios o facturas. El Tribunal de Cuentas dice haber identificado debilidades en los sistemas de gestión y seguimiento de las operaciones de las líneas de avales.

En su informe remarca que ha habido retrasos en los procesos de revisión de las operaciones. Especialmente, en las que tenían impagos. Esto dio lugar en algunos casos al abono de avales correspondientes a operaciones que posteriormente fueron invalidadas. También ha habido incidencias relacionadas principalmente con las validaciones automáticas aplicadas en las extensiones de las operaciones, en las comunicaciones al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones (BDNS) y en la fiabilidad de algunos datos registrados en la aplicación Banc@ico.

Las líneas dieron lugar a la formalización de más de 1,19 millones de operaciones. En total, se movilizaron más de 140.736 millones de euros en financiación, con un importe avalado superior a 107.020 millones. A 30 de septiembre de 2025, el saldo vivo avalado pendiente de amortizar se situaba en 38.187 millones de euros (el 36% del importe inicial).

El importe de los avales que abonaría el ICO podría ascender a 6.795 millones de euros. Asimismo, el informe calcula en estas circunstancias el coste final de la medida para el Estado podría alcanzar los 3.800 millones de euros.

La cantidad es el resultado de restar a los 6.795 millones de euros 3.000 millones del fondo creado para pagar los avales. Este último mecanismo se fue nutriendo con las comisiones que el ICO cobraba a los bancos por las garantías que les ofrecía. De cara al futuro, el Tribunal de Cuentas recomienda "reforzar aspectos concretos de los sistemas de gestión, transparencia y evaluación para la gestión de posibles futuras líneas de avales".