La apuesta por la retórica y por dejar claras las intenciones al electorado están copando la actuación política de al menos esta segunda mitad de la legislatura. Pasa en la derecha, con cuestiones como la moción de censura, para la que al PP le siguen sin dar los números. Y, especialmente, pasa a la izquierda, dentro de la coalición de Gobierno que difícilmente puede ya legislar grandes medidas al no tener la confianza directa de Junts o de partidos como Podemos. A horas de que el presidente Pedro Sánchez comparezca en el Congreso de los Diputados a petición propia para rendir cuenta de los diferentes casos de corrupción que sobrevuelan su mandato, sobre todo tras las novedades con la imputación de Zapatero, del 'caso Leire' o de la condena firma a Ábalos y Koldo, su socio minoritario del Gobierno le pide moverse, y hacer al menos declaraciones de intenciones completando los trámites legislativos de asuntos troncales antes de que acabe el mandato.
Sobre la mesa se ha puesto la posibilidad de que una vez fracasen los Presupuestos Generales del Estado, se disuelvan las Cortes Generales y se decida fecha. El asunto se puede trasladar a febrero o marzo incluso, lo que dejaría a Sánchez frente a apenas tres meses de gobierno para hacer obligado esa misma gestión. Al igual que desde el PSOE se plantean las nuevas cuentas de 2027 como una cuestión ideológica, de mostrar las intenciones en cuanto a política económica y social y en vista de que fracasaran por la negativa de fuerzas como Junts –aunque se confía en cambios de opinión–, Sumar hace una clara apuesta ideológica por este último año de mandato. Internamente saben que es complicado que el Gobierno pueda hacer grandes legislaciones a falta de una decena de votos. Pero no quieren que eso impida moverse, dejar claras las posiciones y que sea la oposición, "las derechas", las que tumben las cuestiones que consideran capital ahora mismo para la izquierda, con el convencimiento de que eso agitará al votante progresista para votar al espacio de izquierdas el próximo año. Todo pese al descontento por los casos de corrupción.
Entre los partidos de Sumar se sigue insistiendo en la financiación irregular como la clave para que caiga el Gobierno. Y en todo caso, empiezan a hacerse matices internamente ante la posibilidad de que se conozcan pronunciamientos de la UCO o de los tribunales en ese sentido frente al PSOE. Cualquier acusación o información que acuse a los socialistas de ello, dicen, debe estar fundamentada. Aun así se considera que de quedar todo comprometido, el propio PSOE fomentaría las urnas porque habría una revuelta interna. En Sumar se quitan esa responsabilidad y priorizan dejar el mejor sabor de boca al electorado en lo que reste de tiempo.
Según fuentes parlamentarias de la confluencia, estas últimas semanas y días se viene presionando al PSOE en distintas conversaciones, tanto en el ámbito del Gobierno de coalición como en la relación entre el Grupo Socialista y el Plurinacional Sumar, para que Sánchez se mueva y haga anuncios de calado este miércoles en el Congreso. Que no se limite a negarlo todo, si no que dé explicaciones detalladas a unos socios cada vez más distanciados –incluidos los externos, como ERC, por ejemplo–. Además de requerir toda la "transparencia" posible, acotan los anuncios de Sánchez a un abanico de cuestiones claras, desde terminar de remodelar la ley mordaza, algo atascado desde hace años por las diferencias entre los grupos de investidura, al control horario, la regularización de los alquileres de temporada y de habitaciones, y a medidas pendientes como la prometida oficina anticorrupción. Sobre la mesa se pone un añadido: la reforma del estatuto de expresidentes, para regular la actividad privada de los exjefes de Gobierno y ver la compatibilidad o no de posibles negocios privados, a raíz del 'caso Zapatero'.
A todo esto se une la presión para desbloquear lo antes posible la ley para otorgar la nacionalidad española a los saharauis en la Comisión de Justicia, la ley para regular a los grupos de interés, los lobbies, y la ya comprometida –la presentaron la semana pasada el ministro de Cultura Ernest Urtasun, el portavoz sustituto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, y el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso– despenalización de las injurias y las calumnias contra al Corona, la Casa Real o el resto instituciones públicas, desde el Gobierno al Congreso y el Senado y las cámaras autonómicas, entre otros. Después de ponerla en marcha desde Sumar se ha señalado a este diario que aunque notan al PSOE comprometido en parte para el rescate de la legislatura, "aún dejan mucho que desear" en ello.
Piden "mucho más" a Sánchez
Les piden más. Independientemente de si la derecha lo acaba tumbando si se alinean PP, Vox, Junts y UPN en esa mayoría alternativa existente, especialmente en temas económicos. Creen que eso pesa entre los votantes de la izquierda y puede incentivarles cuando se abran las urnas. Los populares y Vox, en el caso de esta iniciativa de injurias que exige la reforma del Código Penal entre otros asuntos, ya anuncian sendas enmiendas a la totalidad.
En ese movimiento solicitado al PSOE, se reclama completar el ciclo legislativo en lo máximo posible, superándose al menos el proceso de tramitación y de presentación de enmiendas parciales y de totalidad, a sabiendas de que su llegada a las comisiones no tendrá más recorrido. La sensación que se traslada es de aprovechar al menos la retórica para allanar la forma de lanzamiento a las próximas elecciones y no resignarse. Quedarse de brazos cruzados ante la oleada de titulares sobre casos de corrupción, creen en Sumar, acabará arrollando a todo el espacio progresista y aupando a una derecha que en coalición y según los últimos sondeos supera los 200 diputados mientras que la izquierda perdería casi 40 escaños entre PSOE y Sumar. Se remiten al espíritu de 2023, cuando "parecía imposible" sumar más y se atrajo a Junts, aunque no existía el actual desgaste entre socios y de la imagen política.
Sumar quiere aprovechar al menos la retórica para allanar la forma de lanzamiento a las próximas elecciones y no resignarse
Se ve opciones de éxito en asuntos como esa entrega de la nacionalidad, para la que los magentas ven opciones al contar, dicen, con una mayoría alternativa que pasa por el PP si el PSOE sigue paralizando o poniendo excusas a la cuestión. También en una de las claves de bóveda para los de Yolanda Díaz: esa regulación de la figura del expresidente. Ese es el asunto troncal que se negocia con Sánchez y que tendría más sentido al ser la comparecencia a raíz de las novedades de Zapatero. No se ve con malos ojos entre fuentes socialistas y sería una forma de poner en brete al PP y a Junts. Entre las novedades que plantea es la de elevar de dos a diez años la prestación de servicios privados.
Más complicaciones hay en las cuestiones de Vivienda. Hay sectores de Sumar que estiman que la próxima semana se podrá entrar de lleno de nuevo en la prórroga de alquileres hasta finales de 2027 a falta de conocer el mecanismo para hacerlo. Aseguran que el veto de Junts puede sortearse e insisten en las bonificaciones a los caseros –que es un "trágala" para el espacio de Sumar– y en el IVA franquiciado. Otros sectores tienen menos clara la capacidad de que los posconvergentes se abran a negociar esa regularización de los alquileres de temporada o de habitaciones tras varios intentos anteriores donde aún los de Carles Puigdemont se mantenían del lado del Gobierno, sin vetos.
Tampoco hay muchas opciones para llevar a buen puerto ese control horario, más después del informe desfavorable del Consejo de Estado de finales de marzo en el que pese a aplaudirse la finalidad, se critica el método y el "impacto" en las empresas. Sobre todo las pequeñas. El organismo lo dirige la exvicepresidenta del Ejecutivo y socialista Carmen Calvo, y pese a que el informe no es vinculante, en el PSOE no hay mucha disposición atajarlo como quiere Sumar. Cuerpo se abre a hacerlo con un periodo de implantación de un año mientras que los magentas, en el Ministerio de Trabajo, insisten en acortar los trámites. Se remiten a su proyecto de ley presentado y tumbado en septiembre, en el que se habla de un plazo de 20 días para adoptar la jornada de 37,5 horas o el respeto a la desconexión digital, y de seis meses para ese control horario exigido y regulado. Se sigue dialogando desde el año pasado sobre ello, en conversaciones independientes entre Economía y Trabajo.
Ante estas reclamaciones, en Sumar quieren alejarse de cualquier posibilidad de que el PSOE tras prometer los asuntos, estos queden en papel mojado como ocurrió hace exactamente un año cuando se destapó el 'caso Cerdán' tras la publicación de un informe de la UCO. El grueso de lo comprometido se encuentra en fase de anteproyecto de ley aún un año después y no se ha retomado la petición de oficina anticorrupción por la negativa de la derecha. Los socialistas quieren perder la menor cantidad de votaciones posibles, frente a ese criterio de escenificar el rechazo de la derecha a asuntos clave de legislatura. Y los de Díaz, le instan a perder ese miedo. La inacción, opinan, les penaliza más que la evidencia de falta de apoyos.
En esta reivindicación, Sumar sigue intentando compaginar el sostenimiento del Gobierno con la muestra de dureza. Al PSOE le piden "limpiar su casa" de corrupción, se vuelve a hablar de lógica entre bipartidismo y alternativa, y de dejar de ser "un lastre para el Ejecutivo". Se marcan distancias, de una unión por interés y no por buena sintonía. Y se quiere recalcar en la imagen de que es Sumar el motor de Gobierno con la esperanza de que la nueva plataforma de izquierdas que emerja se haga con los descontentos del sanchismo como ocurrió entre 2014 y 2023 con Podemos y el PSOE tras el 15-M. Los magentas, en todo caso, siguen sin dar novedades sobre ese proyecto político, aunque se prevé un lanzamiento a la vuelta de verano y tras la inauguración del curso político, para evitar el apagón informativo de los próximos meses.
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