La Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, que arrancó en el Congreso de los Diputados a principios del mes de mayo encara esta semana la recta final de los trabajos sin visos de acuerdo y quedándose en todo caso muy lejos de reeditar los nuevos 'Pactos de la Moncloa' que pretendía Pedro Sánchez en el mes de abril. El objetivo en este caso pasaba por lograr una respuesta conjunta a los desafíos que se derivan del impacto de la crisis del coronavirus, eminentemente desde el punto de vista sanitario, económico y social.

La reconstrucción cojea sin que se sume a los pactos finales el principal partido de la oposición. El Gobierno lo sabe, y por ello intentó atraer al consenso a Casado cuando el jefe del Ejecutivo aceptó trasladar al Congreso, "con luz y taquígrafos" los pactos por la reconstrucción que perseguía Moncloa. Pero fue casi el último paso que dio el Ejecutivo en la búsqueda de consenso con el PP, lamentaron en Génova, pues la Comisión comenzó ya torcida, con malestar y rifirrafes entre ambos grupos sobre el fondo y la forma en que había nacido el foro, "atropellada" para algunos sectores del PP por la premura con la que se trataba de llegar a una conclusión final.

PSOE y Unidas Podemos, que gozan de mayoría en la Mesa del Congreso, impulsaron un programa de trabajo dividido en cuatro grandes grupos: sanidad, reactivación económica, protección social y política europea. Se denegó la petición del PP de crear un grupo de trabajo referido a las "libertades públicas", con el objeto de que la Comisión sirviera para practicar cierto control a la gestión del Gobierno durante la pandemia; también la propuesta de que fuese la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, quien presidiese el foro en favor del candidato que proponía el PSOE, Patxi López; o que Iglesias impusiese al secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, como vicepresidente de la comisión.

Con todo, y especialmente de la mano de la portavoz de Sanidad de los populares en la Comisión, Ana Pastor, el PP ha venido reivindicando el "duro trabajo" que se ha realizado en la Comisión para la Reconstrucción, por la que han pasado más de 120 comparecientes, según el cálculo de fuentes autorizadas. Más allá del ámbito político, por la Cámara han pasado decenas de expertos de cada una de las áreas de trabajo que han aportado propuestas e ideas para encarar el desafío al que se enfrenta España, uno de los países más castigados por la pandemia a nivel mundial.

Tras decenas de jornadas maratonianas y la comparecencia de hasta ocho miembros del Gobierno, entre ellos Carmen Calvo, Salvador Illa o Pablo Iglesias, cada formación puede presentar un borrador con las conclusiones de cada uno de los grupos de trabajo antes del miércoles a mediodía. El jueves se discutirán cada uno de los textos y se decidirá qué documento en concreto servirá de base para que los partidos puedan enmendarlo, cuyo plazo finaliza el domingo 28 de junio. La semana siguiente, el martes 30, los grupos volverán a reunirse para debatir las enmiendas, con lo que comenzará la negociación y elaboración del documento final que previsiblemente se votará en la primera sesión plenaria tras las autonómicas del 12-J.

Sin embargo, y sin contar con la oposición de Vox, que se da por descontada, el PP sólo prevé llegar a un acuerdo de mínimos con el Gobierno en materia sanitaria. Se está debatiendo incluso que el sector que capitanea Ana Pastor no presente un documento alternativo de Sanidad el próximo miércoles, sino que se acuerde un único borrador con medidas consensuadas entre todos los grupos, gracias a la interlocución abierta entre Pastor y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. El PP intentará que los socialistas asuman el 'plan Cajal', con propuestas entre las que se incluyen la creación de una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial. En Génova admiten que, hasta ahora, el acuerdo en este punto está discurriendo por vías "razonables", con el objetivo común de "blindar la sanidad del campo de batalla político".

Pero el consenso sanitario será puntual. En Génova admiten que es "difícil" encontrar una postura común en el grupo sobre política europea, después del rifirrafe entre PSOE y PP por las condiciones que exigen los segundos a Bruselas para que los países reciban las ayudas antiCovid. Y elevan a "muy complicado" el acercamiento en materia social y económica, por la postura e influencia "radical" de Unidas Podemos, por lo que el PSOE buscará el apoyo del bloque de la investidura en estas cuestiones y explorará el 'sí' de Ciudadanos, donde consideran "imprescindible" conseguir "consenso", aunque también se mantienen escépticos. "En muchos temas no se conseguirá", defendía este lunes el portavoz de los liberales, Edmundo Bal.

"La mecánica de la comisión es endiablada, y hace prácticamente imposible llegar a unas conclusiones profundas o de peso", trasladaba también el portavoz del PNV, Aitor Esteban, en una entrevista para TVE. "Lo que van a a salir son asuntos muy genéricos o divergencias muy profundas", lamentaba.

La comisión de 'deconstrucción', un campo de batalla

El pesimismo respecto a las conclusiones finales de una mesa que debía servir para reconstruir tanto social como económicamente el país dejando a un lado la crispación política se extiende también por el resto de formaciones políticas, después de que durante mes y medio la tensión y la polarización hayan sido protagonistas de un foro que incluso llegó a calificarse como comisión de 'deconstrucción'. Hasta ocho broncas y escándalos en el seno de la mesa han llegado a copar decenas de titulares en las últimas semanas, ensombreciendo en buena medida los verdaderos objetivos de la comisión parlamentaria.

Sin ir más lejos y a pocos días de que comenzasen los trabajos, Vox se levantó de la comisión del Congreso por una polémica externa, en concreto por el pacto que habían alcanzado PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para la derogación de la reforma laboral.

El tono del Congreso comenzó a instalarse también en la Mesa para la Reconstrucción, y pocos días después, en el marco de la comparecencia de Carmen Calvo, resultó también notorio un enfrentamiento entre Ana Pastor y el socialista Patxi López, a cuenta del tiempo de las intervenciones de cada uno de los grupos en la comisión y el trato desigual que arguyó la ex presidenta del Congreso. "Como yo no soy del grupo mixto..." se quejaba Pastor.

Pero este episodio fue tan sólo una nimiedad en comparación con lo que se venía. Sin duda, una de las jornadas más broncas que se recuerdan en los últimos meses tuvo como protagonistas a Pablo Iglesias y el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, después de que el primero afirmase que el partido del segundo quería "un golpe de Estado", lo que valió para que el diputado de Vox abandonase la Comisión. "Es un espectáculo lamentable", dijo Espinosa. "Cierre al salir", le espetó Iglesias entre risas. El bochorno de la bronca llevó incluso al presidente de la comisión, Patxi López, a pedir perdón por lo sucedido y por "no haber estado a la altura" porque "no es lo que espera la ciudadanía".

De nada sirvieron las disculpas del socialista. Ese mismo día, el debate de la comisión volvió al fango y la crispación volvió a convertirse en la única fórmula de diálogo de la sala. El choque de trenes vino a cuenta de la queja del secretario general del PCE y vicepresidente de la Mesa, Enrique Santiago, sobre que una diputada de Vox tildase al Gobierno de "pirómanos" y "comunistas". "No puedes intervenir desde la Mesa", le decía López a Santiago que, irritado, denunció que el presidente permitiese el "chorreo de insultos" de Vox. "Ya está bien", espetaba el exlehendakari, completamente desbordado por la situación. "Llevo media vida escoltado para defender la libertad de todos. No nos eligen para insultarnos", lamentaba.

Los episodios de tensión continuaron en los días siguientes. El pasado 5 de junio las protagonistas fueron la diputada de ERC, María Carvalho, y su homóloga de Vox, Inés María Cañizares, quien pidió sin éxito que Carvalho retirase una pegatina pegada a su tableta en la que se podía leer "Fuera Vox" en catalán, que reivindicaba como "libertad de expresión".

Otra diputada de ERC protagonizó otra de las riñas más polémicas del foro. Fue la diputada Marta Rosique quien llegó a afirmar, en el marco de la comparecencia de la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, que en España "la Policía también ha matado por racismo", con el trasfondo de las protestas del movimiento Black Lives Matter. El presidente del órgano pidió la retirada inmediata de estas palabras del diario de sesiones, cosa que hizo pese a las protestas de la diputada. "No podemos decir nada", se quejaba Rosique.

No fue la única bronca del día. La polémica volvió a planear sobre la Comisión para la Reconstrucción cuando el portavoz de Vox, Carlos Hugo Fernández cuestionó el Ingreso Mínimo Vital y aseguró que su aprobación provocaría un "efecto llamada de la inmigración", lo que colmó la paciencia del dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, y de la CUP, Mireia Vehí, quienes criticaron los baremos, a su juicio injustos, con que Patxi López trataba la intervención de los portavoces, por no retirar en este caso los comentarios "racistas" de Vox.

La última controversia de la Comisión se produjo la pasada semana, a cuenta de un rifirrafe entre la portavoz de Vox, Macarena Olona, y la ministra de Igualdad, Irene Montero a cuenta del feminismo. "Cuando las mujeres son ancianas, su feminismo ya no es válido porque todo lo que les ofrecen es morfina", llegó a aseverar Olona ante la perplejidad de Montero, quien siguió acusando al Gobierno, y en concreto al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, de defender a las víctimas de violencia savo cuando son "mujeres de guardias civiles", en cuyo caso desde Podemos "se aplaude a los agresores".