La dialéctica diplomática saharaui que lastra la liberación del Sáhara

Inscribir un conflicto en la agenda internacional, más allá de ser una cuestión de correlación de fuerzas militares, es, sobre todo, un asunto de hegemonía discursiva. En el derecho internacional, las palabras no solo describen la realidad; la crean y la sancionan jurídicamente. Con respecto al Sáhara Occidental, la doctrina de las Naciones Unidas es nítida e inequívoca al catalogar el territorio como un caso pendiente de descolonización y, de manera crucial en la Resolución 34/37 de la Asamblea General (1979), al definir al Reino de Marruecos como una "potencia ocupante".

Sin embargo, tras la firma del alto el fuego de 1991 y la burocratización del proceso de paz a través de la MINURSO, se observa una preocupante mutación en la praxis comunicativa del Frente Polisario y la diplomacia de la RASD. La adopción progresiva de eufemismos técnicos impuestos por el cinismo político –realpolitik– de la ONU, tales como "la otra parte", "potencia administradora de facto" o "partes en el proceso político", ha generado un sutil pero devastador desplazamiento semántico.

La paradoja central de este fenómeno radica en que, en su afán por mostrarse como un actor pragmático y dialogante ante la comunidad internacional, la diplomacia saharaui ha caído en una trampa de simetría argumental. Al diluir la premisa fundamental de que el territorio sufre una ocupación militar ilegal bajo los términos del IV Convenio de Ginebra, la narrativa oficial saharaui ha despojado al conflicto de su carácter asimétrico original (invasor versus invadido, equiparando moral y jurídicamente al agredido con el agresor) para asimilarlo a una disputa fronteriza o un litigio civil ordinario. Este blanqueamiento léxico no es inocuo: ofrece a terceros Estados el paraguas de indefinición perfecto para normalizar sus relaciones comerciales con la potencia ocupante, confunde a la opinión pública y mengua el sentido de urgencia humanitaria y jurídica que exige un crimen internacional continuo.

El enquistamiento de la cuestión saharaui no responde solamente a la asimetría geopolítica o al bloqueo en el Consejo de Seguridad, sino que está profundamente lastrado por una autoinfligida dialéctica diplomática de la ambigüedad. Existe un abismo cualitativo entre la retórica fundacional del Frente Polisario y de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la etapa de guerra abierta (1975-1991) y la práctica comunicativa posterior. Este giro no fue una mera adaptación táctica, sino un fallido repliegue estratégico que debilitó la condición jurídica internacional del pueblo saharaui.

En las dos primeras décadas del conflicto, la diplomacia saharaui operaba bajo una premisa maximalista pero estrictamente anclada en el derecho internacional. El lenguaje oficial no buscaba complacer las dinámicas de mediación, sino tipificar el crimen de la invasión marroquí. En los foros de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los representantes saharauis articulaban su defensa sobre dos pilares indivisibles: el derecho inalienable a la autodeterminación e independencia y la denuncia sistemática de la agresión militar marroquí.

Esta firmeza conceptual cristalizó en un hito jurídico fundamental: la Resolución 34/37 de la Asamblea General de la ONU (21 de noviembre de 1979) que, además de deplorar la persistencia de la invasión, instaba a Marruecos a "poner fin a la ocupación militar del territorio". Durante este período, la diplomacia saharaui hizo de este texto un dogma: Marruecos era, a todos los efectos del derecho internacional público, una potencia ocupante beligerante, sujeta a las estrictas obligaciones del IV Convenio de Ginebra de 1949. No había espacio para la negociación de la soberanía; el Polisario negociaba únicamente los términos de la retirada de las fuerzas de ocupación.

La firma del Plan de Arreglo de 1991 y el despliegue de la MINURSO alteraron drásticamente esta matriz expresiva. Con el fin de facilitar la implementación del referéndum –que finalmente abortó Javier Pérez de Cuellar al alterar a última hora el censo electoral acordado– la diplomacia de la ONU impuso un lenguaje técnico deliberadamente anodino para evitar herir las susceptibilidades de Rabat. El desacierto de la diplomacia saharaui fue asumir e integrar ese mismo código burocrático en sus propios comunicados y alegatos.

La progresiva "neutralización lingüística" del argumentario saharaui tuvo consecuencias geopolíticas demoledoras. El término vinculante y acusatorio de "potencia ocupante" fue paulatinamente sustituido por fórmulas paliativas impuestas por la realpolitik del Consejo de Seguridad: Marruecos pasó de ser el "invasor ilegal" a ser "la otra parte" o "la contraparte en el proceso de paz". Las zonas bajo control marroquí dejaron de denunciarse rigurosamente como "territorio ocupado bajo ley militar" para ser descritas en la correspondencia oficial como "las zonas del territorio situadas al oeste del muro".

Al aceptar ser definido simplemente como una de las dos "partes en conflicto", el Frente Polisario validó involuntariamente una equivalencia artificial. El conflicto dejó de ser una flagrante violación del orden internacional –donde un Estado invade militarmente un Territorio No Autónomo– para convertirse en un pleito fronterizo común o una controversia entre dos actores con idéntica legitimidad relacional.

Quedó demostrado que la fuerza de la diplomacia saharaui no residía en su capacidad para amoldarse a la burocracia internacional, sino en su insistencia implacable –en los 16 años de guerra– en la tipicidad jurídica de la ocupación. Al abandonar este vocabulario de resistencia legal en aras de un pragmatismo negociador infructuoso y nefasto, la diplomacia de la RASD legitimó el marco de laxitud en el que Marruecos ha consolidado, por la vía de los hechos consumados, su control sobre el territorio.

El desarme terminológico de la diplomacia saharaui no se limitó a un cambio de tono en los pasillos de las Naciones Unidas; actuó como un catalizador geopolítico que facilitó la normalización de la ocupación por parte de terceros Estados. Al no insistir explícita y permanentemente en el estatuto de Marruecos como "potencia ocupante" bajo el IV Convenio de Ginebra, la diplomacia de la RASD exoneró a la comunidad internacional de la presión jurídica que exige el principio de no reconocimiento de situaciones ilegales. Esta deriva se manifiesta con especial gravedad en dos escenarios determinantes: la Unión Europea y América Latina.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido sentencias históricas –como las de 2016, 2021 y 2024– en las que ratifica que el Sáhara Occidental y Marruecos son territorios "distintos y separados", invalidando los acuerdos comerciales aplicados al territorio sin el consentimiento de su pueblo. Pese a ello, la Comisión Europea y gobiernos clave como el de España –potencia administradora de iure de la que sigue siendo la última colonia de África– han sabido explotar las grietas de la inconcreción del discurso saharaui para sortear estos fallos.

Si la diplomacia saharaui hubiese mantenido una posición inflexible denunciando toda actividad económica en el territorio como un crimen de guerra –basándose en el artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, que prohíbe a la potencia ocupante transferir partes de su población civil al territorio ocupado o explotar sus recursos–, el coste político para Europa habría sido prohibitivo. Por el contrario, al haber aceptado sostenidamente, a lo largo de más de siete lustros, la fraseología de la ONU que sitúa a Marruecos como un "administrador de facto", la diplomacia saharaui rebajó el nivel del conflicto.

Esto permitió a las cancillerías europeas construir la tesis del "desarrollo económico local", bajo la cual Marruecos argumenta que sus inversiones pesqueras y agrícolas benefician a los habitantes del territorio. Esta lógica solo es sostenible porque la diplomacia saharaui se ha centrado exclusivamente en el "derecho a la autodeterminación" –a pesar de que la voluntad del pueblo saharaui de ser libre e independiente es incuestionable y su destino está trazado desde hace décadas–, en lugar de denunciar penal y políticamente la ocupación y el expolio.

El giro del Gobierno de España en 2022, al respaldar la farsa de la "autonomía marroquí", es la cúspide de este proceso. Frente a un conflicto que la mismísima diplomacia saharaui terminó presentando como negociable y simétrico, Sánchez optó por la vía que mejor sirve a sus intereses de "seguridad" con Rabat, independientemente de las supuestas presiones asociadas al software espía Pegasus.

En América Latina, una región históricamente sensible a las luchas de descolonización, el vaciamiento narrativo ha tenido un efecto desmovilizador. La tecnocratización del relato saharaui desactivó esta épica geopolítica. Al presentarse en el continente con el lenguaje aséptico de las "mesas redondas de Ginebra" y los "esfuerzos del Enviado Personal de la ONU", el Frente Polisario transformó una causa de liberación nacional en un expediente administrativo estancado.

Marruecos ha aprovechado con éxito esta concesión dialéctica mediante la llamada "diplomacia del fosfato" y el cabildeo estatal. Gobiernos latinoamericanos de diverso signo político justifican hoy su neutralidad o su acercamiento a Rabat bajo el pretexto de "no interferir en un proceso que ya está siendo mediado por la ONU". Al no percibir una postura saharaui que catalogue de forma tajante y rotunda la presencia marroquí como un crimen internacional asimilable al apartheid o a la ocupación de Palestina, América Latina ha transitado de un apoyo activo a una apatía palpable.

La imprecisión diplomática ha funcionado como una anestesia política para la comunidad internacional. Si el mismo agredido utiliza un lenguaje de conciliación y tecnicismos multilaterales para referirse a su opresor, terceros países se sienten plenamente legitimados para tratar el conflicto no como una crisis ética de legalidad internacional, sino como un problema de gestión diplomática cuya resolución puede posponerse indefinidamente en función de sus intereses comerciales y estratégicos.

El conformismo dialéctico del Área de Exteriores de la RASD también afectó al ámbito cartográfico, facilitando su erosión jurídica: los medios internacionales comenzaron a desdibujar la frontera norte del Sáhara Occidental (paralelo 27º 40' N). Al sustituir el clásico trazo continuo por una línea discontinua –símbolo internacional de un límite indefinido o en disputa–, se normalizó visualmente la anexión del territorio.

En conclusión, la dialéctica diplomática saharaui no puede seguir siendo rehén voluntario del oportunismo político y de los voraces intereses geoestratégicos de otros. Las palabras en las relaciones internacionales no son meros adornos estéticos; son armas de legitimación masiva. La liberación del Sáhara Occidental solo tendrá lugar cuando la diplomacia saharaui decida descolonizar su propia palabra, recordando a la comunidad internacional que lo que ocurre en su territorio no es un proceso administrativo sin resolver, sino un crimen internacional en curso que exige una condena inmediata y una desocupación incondicional.

Para ello, y asumiendo en su justa medida el retorno a las armas emprendido desde noviembre de 2020, es imperativo volver a la solidez y tenacidad de antaño, basando la política comunicativa en tres ejes principales:

1. El axioma innegociable de la ocupación: Declinar la asistencia a cualquier foro, la firma de cualquier comunicado o la interlocución con cualquier enviado de la ONU donde Marruecos no sea denominado invariable y categóricamente como "potencia ocupante militar". Toda intervención pública debe iniciarse no con una apelación a la paz, sino con la denuncia de la ilegalidad intrínseca de la presencia marroquí.
2. Activación de la vía penal internacional: Abandonar el léxico de las "vías políticas estériles" y adoptar la gramática del derecho penal internacional. La alteración demográfica que Marruecos realiza mediante el trasvase de colonos al Sáhara Occidental ocupado debe ser denunciada taxativamente ante la opinión pública mundial como una violación flagrante del artículo 49 del IV Convenio de Ginebra, asimilando jurídicamente la situación saharaui a la ocupación de Palestina.
3. Ruptura con la paridad semántica de la ONU: Ante el Consejo de Seguridad, la diplomacia saharaui debe rechazar formalmente ser tratada como "una de las dos partes de un diferendo territorial". Se debe exigir que la MINURSO y los informes del Secretario General utilicen la terminología consagrada en la Resolución 34/37 de la Asamblea General. Si la ONU insiste en el lenguaje evasivo, la diplomacia saharaui debe denunciar la complicidad institucional del Secretariado con el agresor.