Dónde están los 'peones' del rescate de Plus Ultra: Patrimonio Nacional, ministerios, bufetes o fabricantes de armas

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vuelve a centrar todas las miradas. El holding público a través del que el Gobierno canaliza su posición en el sector empresarial vuelve a estar en el foco. Si ya lo estuvo con el denominado 'caso Leire', ahora vuelve a la palestra por el rescate de la aerolínea Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional que lo investiga ha imputado al expresidente socialista del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Los 53 millones de euros en forma de préstamos que el Gobierno concedió a la aerolínea salieron del denominado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La herramienta de auxilio para evitar la quiebra de compañía por el Covid estaba pilotado por un Consejo Gestor constituido a finales de julio de 2020.

El órgano tenía como misión elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de aquellas operaciones sujetas a la normativa. Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional muestra en su auto sospechas de que la empresa no reuniera los requisitos y se hubiera valido del tráfico de influencias para obtener el balón de oxígeno en marzo de 2021. A día de hoy solo ha devuelto 12 millones en intereses.

Antes de llegar al Consejo de Ministros, el citado consejo gestor tuvo que dar luz verde a la operación, en base a los estudios técnicos encargados a asesores externos como la consultora Deloitte. Pero Calama cree que los dueños de la aerolínea tuvieron "información privilegiada" y conocían el resultado favorable con cuatro días de antelación a la reunión en la que se aprobó elevar la operación al Consejo de Ministros.

El citado consejo estaba encabezado por el vicepresidente del holding público, Bartolomé Lora, que sigue formando parte a día de hoy del organismo dependiente del ministerio de Hacienda. Con un sueldo de 251.949 euros en 2025, Lora ejercía por aquel entonces como presidente en función. Lo hacía después de que el presidente nombrado por la exministra María Jesús Montero -Vicente Fernández- tuviese que apartarse tras ser imputado en el caso de la mina de Aznalcóllar.

Otra de las integrantes del órgano fue la entonces secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Tras la salida de Teresa Ribera hacia la Comisión Europea, Pedro Sánchez la promocionó a vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ingeniera química y experta en transición energética y cambio climático, se sentó a la mesa para analizar la solicitud de la compañía.

También formaba parte del órgano la entonces secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva. Economista del Estado, fue promovida poco después al cargo de presidenta de Patrimonio Nacional. Es el organismo público español dedicado al cuidado y mantenimiento de los bienes históricamente vinculados a la Corona de España. Bajo su responsabilidad están más de 1.000 inmuebles, 170.000 piezas artísticas y 18.000 hectáreas de espacios verdes.

En el órgano también se integraba el entonces secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raül Blanco. Tras dejar sus funciones en el ministerio de Industria, fue nombrado de la operadora pública ferroviaria Renfe. Ya con Óscar Puente en el Ministerio de Transportes, Blanco dio el salto a la empresa privada. En concreto, recaló en la vasca Sapa como director de Estrategia. A través de esta firma armamentística, la familia Aperribay controla el 7% de Indra. No en vano, el nombre de este directivo vinculado al PSC sonó como posible presidente de la tecnológica, de la que el Estado tiene un 28% precisamente a través de la SEPI.

El secretario general y del Consejo y director de Asuntos Jurídicos de SEPI, Javier Loriente. Este abogado del Estado ejercía como secretario general del Consejo de Administración de la SEPI, con funciones de supervisión legal y societaria. Dos meses después de la llegada de la actual presidenta, Belén Gualda, abandonó el barco y en 2022 acabó fichando por el despacho Ontier, en el Departamento de Derecho Público y Regulatorio.

En el Consejo Gestor también estaba la entonces subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque. Era una de las mujeres fuertes de la exministra María Jesús Montero. Con ella había compartido antes espacio en la Junta de Andalucía como viceconsejera de Hacienda y Administración Pública. En 2024 fue cesada por el Ejecutivo. Muchos de ellos han sido llamados a declarar ante la Comisión de investigación del Senado que estudia la operación.