España

Cataluña, muerte o resistencia: Cs afronta la prueba de fuego de su giro en Madrid

Arrimadas, que ganó las elecciones en Cataluña hace tres años, firmaría ahora un resultado de entre 16 y 20 diputados el próximo 14 de febrero

Fotografía de archivo. Inés Arrimadas y su equipo celebra el triunfo en las elecciones catalanas de 2017. EFE

21 de diciembre de 2017. Al filo de la medianoche, cientos de personas se agolpan en la Plaza de España de Barcelona, al grito de «presidenta, presidenta» y «yo soy español» ante una Inés Arrimadas eufórica. Acababa de hacer historia en Cataluña, cuna política de Ciudadanos. Se había convertido en la primera mujer en ganar unas elecciones en este territorio. Había derrotado a Carles Puigdemont, al menos en número de escaños, a pesar de que el bloque independentista sumaba mayoría absoluta. Y tampoco dio respiro al resto de opciones en liza: el PSC de Miquel Iceta protagonizó un enclenque aumento de apenas un escaño y cosechó la mitad de papeletas que los naranjas; y el PP de Xavier García Albiol experimentó una aciaga derrota con unos resultados malos sin paliativos. Ni el desembarco de Rajoy en tierras catalanas ni la campaña del 155 lograron hacer sombra al éxito sin precedentes del Ciudadanos de Albert Rivera en Madrid, del de Inés Arrimadas en Barcelona.

Hace tres años Ciudadanos demostró que otro patriotismo catalán era posible, y que «la mayoría social en Cataluña», armonizada bajo las siglas naranjas, «está a favor de la unión con España». El discurso no ha cambiado, pero sí todo lo demás. El contexto, la coyuntura política -nacional y autonómica-, la raquítica presencia de Ciudadanos en las instituciones, su viraje y hasta el propio esqueleto del partido han sufrido una metamorfosis sin precedentes desde aquel eufórico diciembre de 2017.

Ahora, cuando apenas restan un par de meses para que las urnas vuelvan a abrirse en Cataluña, Ciudadanos sólo espera no terminar la jornada recogiendo sus propios restos del suelo. Firmarían un resultado de entre 16 y 20 escaños, según reconocen en privado fuentes de la dirección del partido, por debajo de la mitad de los 36 asientos que actualmente ocupan en el Parlament. Sería un mal resultado, no lo niegan, más cuando vienen de ganar unas elecciones en un territorio donde el constitucionalismo lo ha tenido siempre muy complicado. Pero les daría el suficiente margen como para respirar y no firmar prematuramente una desaparición «que muchos desearían», lamentan.

Y esta es la foto que, al menos de momento, refleja el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. En la encuesta que publicó este órgano a finales del pasado mes de octubre, Ciudadanos y PSC se dispondrían a intercambiar sus posiciones respecto a hace tres años: los naranjas obtendrían el resultado que obtuvo Iceta en 2017 -17 diputados- y los socialistas catalanes crecerían hasta alcanzar entre los 24 y los 25 escaños. El PP, encabezado esta vez por Alejandro Fernández, afrontaría las autonómicas al alza, aunque esta euforia interna podría verse frenada por los votos que les robe Vox, que irrumpiría en el Parlament con una fuerza de entre cuatro y seis diputados con una bolsa de votos inflada a base de papeletas azules y también naranjas.

Pero en política todo puede cambiar en cuestión de segundos. Y casi siempre puede ir a peor. Albert Rivera lo sabe muy bien. El calvario que pronosticaban todas las encuestas para Ciudadanos ante las elecciones generales de noviembre se quedó muy corto respecto al resultado final. Entonces, los sondeos más pesimistas vaticinaban un desplome de entre 20 y 25 diputados para los naranjas. Pero cuando las urnas cerraron hace justo un año, la caída fue de 47 diputados -pasaban de 57 a 10-. Ciudadanos rozó por primera vez su desaparición, y comenzó entonces una tortuosa ruta por el desierto sin líder, sin presencia y casi sin esperanza.

Tras varios meses guiados por una comisión gestora en interinidad y unas primarias, Inés Arrimadas cogió las riendas del partido, enmendó casi por completo la política que había mantenido su antecesor, Albert Rivera, casi hasta el final de sus días al frente de la dirección naranja y mantuvo viva la marca convirtiendo a sus 10 diputados en determinantes para votaciones de calado en el Congreso, con la pandemia del coronavirus condicionando ya cada decisión política. Pero no consiguió levantar unas encuestas que, en su mayoría, han venido pronosticando un futuro funesto para la formación centrista, convertida ahora en un apoyo fundamental para Moncloa.

El CEO catalán se publicó el pasado 23 de octubre, por lo que no recoge el evento político de la ruptura de PP y Vox, con un Pablo Casado crecido y reivindicándose como única alternativa de centro, aprovechando el espacio electoral vacío que deja Ciudadanos por su inexorable giro hacia la izquierda. Ante semejante discurso del líder de la oposición, a Arrimadas ya no le valen las palabras sino los hechos para diferenciarse de los populares. Y al poco anunció su voto positivo no sólo a la prórroga del estado de alarma durante seis meses, sino sobre todo a negociar los Presupuestos Generales del Estado sin apenas condiciones, incluso aunque en la foto aparezca ERC.

Moncloa tiene prácticamente amarrados los votos para sacar adelante las cuentas públicas, el seguro de vida de Sánchez e Iglesias para esta legislatura, con la mayoría de investidura. Sin embargo, Ciudadanos sigue convencido de que su papel debe ser condicionar las cuentas públicas y presionar al jefe del Ejecutivo para que cumpla con sus «líneas naranjas», como la retirada de la subida del diésel o la inclusión de ayudas a fondo perdido para pequeños empresarios.

Sin embargo, ha renunciado a otras exigencias de carácter social a cambio de su ‘sí’, cuyas consecuencias políticas para Ciudadanos de cara a las elecciones catalanas son aún incalculables: entre los puntos que planteó la comitiva naranja en su cita con Moncloa el pasado jueves no estaba el de retirar la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para que el castellano deje de ser lengua vehicular y desligan de nuevo, tal y como publicó El Independiente, la negociación presupuestaria «para salvar vidas» de este tipo de cuestiones.

El acuerdo entre Moncloa y Esquerra en el nuevo modelo de inmersión lingüística se entiende como un pago del Gobierno a cambio de los 13 votos de los de Rufián a los Presupuestos ya que implica, en la práctica, que sean los propios gobiernos autonómicos los que decidan qué lengua se emplea como vehicular en el ámbito educativo. Aunque los de Arrimadas hayan intentado reparar el roto recurriendo la ‘ley Celaá’ ante el Constitucional, el hecho de que el Govern pueda imponer el catalán en las aulas -una de las principales reivindicaciones del independentismo- y que Ciudadanos no haya condicionado su apoyo a los Presupuestos para intentar evitarlo podría disuadir aún más al votante constitucionalista de optar por la papeleta naranja. En cualquier caso, restan apenas unos meses para comprobar si Cataluña, cuna Ciudadanos, puede convertirse también en escenario de su tumba política.

El PP, de la connivencia a la absorción

Sea como fuere, la maquinaria electoral ya está en marcha para al menos resistir en ese marco de entre 16 y 17 diputados, a sabiendas de que el sorpasso de PP, no digamos de Vox, puede suponer en la práctica el principio del fin para los liberales, orquestados ahora bajo la batuta de Carlos Carrizosa en Cataluña.

Ciudadanos sigue insistiendo al PP -y también al PSC- para firmar una entente que aglutine todo el voto constitucionalista y tener alguna oportunidad frente al independentismo, pero todo apunta a que esa posibilidad terminará en fracaso. Los populares ya se han lanzado a promocionar a su propio candidato a la Generalitat, Alejandro Fernández, sin esperar siquiera a que finalicen las negociaciones con los naranjas, aprovechando la transposición al terreno catalán del giro izquierdista que ha dado Ciudadanos en el Congreso.

En un principio, y tras la experiencia en País Vasco, se buscaba un candidato de consenso entre PP y Cs, aunque con ventaja para los liberales por su abrumadora mayoría en el Parlament -36 escaños frente a los 4 del PP-, pero la opción fue rápidamente desechada por los populares por el evidente hundimiento que iba a experimentar Ciudadanos el próximo 14 de febrero, a juzgar por todas las encuestas. Luego pasaron a explorarse alianzas puntuales en algunas provincias donde el constitucionalismo suele tenerlo más difícil -Lleida y Girona-. Pero si Génova, y sobre todo el candidato catalán del PP, ya se mostraban reticentes ante esta posibilidad, el pacto entre ERC y PSOE contra el castellano y el apoyo tácito de Ciudadanos a los Presupuestos habría dinamitado también ya esta posibilidad.

Las autonómicas catalanas podrían ser el escenario perfecto para poner en práctica la nueva estrategia del PP nacional, a cuya dirección ya no le interesa tanto una alianza con Ciudadanos -aquel España Suma con la que tanto soñó Casado– sino fagocitar a todo su electorado. El primer resultado vinculante de toda esta operación política no se conocerá hasta el 14 de febrero. En juego: conocer si el electorado de la derecha vuelve a fragmentarse sólo en dos opciones o si Ciudadanos resiste aún como tercer adversario de Casado y Abascal.

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