España

La rebelión de los socios del Gobierno: ERC, PNV y Bildu explotan la debilidad de Sánchez

Nacionalistas vascos y catalanes apretarán al Gobierno en la recta final de la negociación de los que pueden convertirse en los últimos Presupuestos de Sánchez

Aitor Esteban y Gabriel Rufián charlan en el Congreso

Aitor Esteban (PNV) y Gabriel Rufián (ERC) charlan en el Congreso Europa Press

Las últimas semanas no han sido precisamente agradables para Pedro Sánchez. La pugna por la derogación de la reforma laboral ha llevado a la coalición al extremo y al presidente del Gobierno a una posición de debilidad agravada por la revisión a la baja de sus propias previsiones económicas y por la presión política ejercida por sus socios de investidura. Al margen de las evidentes tensiones con Unidas Podemos, ERC, Bildu y PNV mantuvieron en vilo al Ejecutivo hasta el último minuto del pasado viernes con la amenaza de dejar caer las cuentas públicas del Gobierno con la presentación de sendas enmiendas a la totalidad a los Presupuestos que, tras un acuerdo in extremis, quedaron en papel mojado.

Las turbulencias en el seno de la coalición gubernamental cada vez se parecen más a las que se respiran en el Gobierno portugués, donde las diferentes fuerzas de izquierda han abandonado a su suerte al socialista Antonio Costa, cuya permanencia en el cargo pende ahora de un hilo. En España, Pedro Sánchez reafirmó hace unos días su compromiso de agotar la legislatura, un objetivo en el que, pese a las profundas discrepancias exhibidas públicamente en las últimas semanas, comparte Yolanda Díaz porque «la alternativa» al actual Gobierno «progresista» es otro «de extrema derecha».

En este contexto, nacionalistas vascos y catalanes han convertido el miedo en oportunidad, y la posibilidad de que los de 2022 sean los últimos Presupuestos para los que Sánchez precise de su ayuda ha provocado que ERC, Bildu y PNV aceleren en sus exigencias e intenten sacar las máximas contraprestaciones posibles al Ejecutivo de coalición, que necesita el ‘sí’ de las mencionadas fuerzas a sus cuentas públicas para llegar vivo a 2023.

ERC no ha seguido la senda que marcaron sus socios de Junts y, tras horas de negociación a contrarreloj, decidió no obstaculizar la tramitación de las cuentas de Sánchez con una enmienda a la totalidad. Pero al Gobierno le saldrá caro el ‘sí’ de los 13 decisivos diputados de ERC en la Cámara Baja, cuya fuerza está lejos de conformarse con la aprobación de los indultos a los presos del ‘procés‘ ejecutado por el Ejecutivo el pasado mes de junio. Sólo en el proceso de presentación de enmiendas -que finalizó el pasado viernes- los republicanos ya subieron el precio de su apoyo.

Las condiciones eran claras: que la futura ley del audiovisual incluya una cuota mínima para contenidos en catalán dentro de plataformas televisivas como Netflix u HBO; y la presentación de un balance por parte del Ejecutivo con el cumplimiento de los compromisos de inversión para Cataluña que se cerraron el pasado año en la negociación de los Presupuestos en curso. «No sabemos cuál es la respuesta del Gobierno a estas dos cuestiones», pero «en función de la respuesta (…) decidiremos si presentamos o no enmienda a la totalidad», advirtió la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, hace unos días.

Al borde del plazo para presentar enmienda a la totalidad, ERC anunció un acuerdo de última hora con el Gobierno tras haber obtenido el compromiso de Sánchez a blindar las cuotas de contenido en catalán en plataformas de streaming. Los republicanos han celebrado el primer paso del Ejecutivo en esta cuestión, si bien ambas partes se han emplazado a seguir negociando para alcanzar un acuerdo más global y concreto respecto a la futura ley del audiovisual.

ERC buscaba «gestos» por parte de un Gobierno retraído en sus conflictos internos. Como Bildu y PNV, los republicanos han venido denunciando en los últimos días la ausencia de seriedad por parte de Sánchez en la negociación de los Presupuestos y el ninguneo al que estaba sometiendo el jefe del Ejecutivo a sus socios -a los que el presidente denomina como «interlocutores prioritarios»- a la hora de explorar un pacto para los Presupuestos. El principio de acuerdo en la tramitación presupuestaria, no obstante, no garantiza el apoyo de ERC a las cuentas públicas y la formación explotará nuevas reclamaciones para arrinconar al Ejecutivo. «Que nadie dé por seguro el voto de ERC a nada», declaró hace días el portavoz parlamentario de la formación, Gabriel Rufián, quien prometió que haría «sudar» a Sánchez para atar el ‘sí’ de sus diputados.

Una de las principales exigencias de cara a las próximas semanas pasará por el traspaso total del servicio de Cercanías de Renfe a la Generalitat, una cesión a la que, al menos de momento, el Gobierno central se opone. «Habrá que ir dando pasos de forma sucesiva, pero no necesariamente en este momento», prometió la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien también desligó la negociación sobre la gestión de la red ferroviaria de las conversaciones sobre los Presupuestos. El partido de Oriol Junqueras ligó también el futuro de las cuentas públicas y, por tanto, el del propio Gobierno de Sánchez a que éste cediese el control sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o mantuviese el compromiso de la ‘cogestión’ de los fondos europeos.

Las deudas pendientes con Bildu y PNV

La secuencia sobre la negociación presupuestaria también se repite año tras año en terreno vasco. El PNV suele ser previsible. Apura la negociación, amenaza con romperla y finalmente busca una vía para facilitar la aprobación si el saldo es mínimamente favorable. Esta vez no ha sido distinto. La escenificación ha sido similar, más aún cuando dos factores ajenos a las cuentas se han añadido como determinantes: no contribuir a debilitar más la estabilidad del Gobierno y la disputa con EH Bildu por la influencia rentable, en logros para Euskadi, en Madrid. El sentido del voto de la formación de Andoni Ortuzar se construye siempre en las partidas de las cuentas y en las de la pugna política Euskadi-Madrid. En la primera sólo cuentan los posibles acuerdos y compromisos, con sus cuantías, sus valores ‘históricos’ o coyunturales y su peso en la reivindicación en clave identitaria y de autogobierno.

Desde hace cuatro décadas el cumplimiento del Estatuto de Gernika ha jugado su valor en este último aspecto de la disputa presupuestaria. Esta vez tampoco ha sido una excepción. El cumplimiento del calendario de transferencias, demorado por la pandemia y por el freno del Gobierno, ha sido una de las armas de presión. Junto a él, el retraso en el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno había comprometido para final de octubre del año pasado y que aún sigue siendo una deuda pendiente. El Gobierno vasco quiere su cesión integral para gestionarlo en Euskadi de principio a fin.

También hace lustros que en la mesa de pactos presupuestarios figura un clásico: el Tren de Alta Velocidad. Lo estuvo con los Gobiernos de Rajoy y lo está ahora con el de Sánchez. El retraso casi crónico que acumula esta obra, infraestructura esencial, suma ya dos décadas. El último revés severo lo ha provocado el compromiso del Gobierno para financiar la llegada soterrada de la línea a Bilbao y Vitoria. Las advertencias de que el proyecto deberá demorarse aún más han suscitado el enésimo enfado del PNV que ya se ha apresurado a ofrecer la vía de la encomienda de gestión –por la que el Ejecutivo vasco adelantaría la financiación de los trabajos- para no retrasar aún más las obras. Un adelanto del coste que posteriormente sería compensado con el pago del Cupo. Este punto ha estado estos días en la negociación presupuestaria.

En la negociación también figura otra vieja reclamación en infraestructuras ferroviarias como es la competencia sobre las líneas de cercanías, ya previsto en el Estatuto de Gernika. Es una más de las 27 materias que aún continúan sin transferir y ya prevista en el cronograma pactado entre los dos Gobiernos. El PNV no está contento con Sánchez pero teme más a la oposición. El Ejecutivo de Sánchez, con su fractura interna intermitente y en fase de agudización, está lejos de la tradicional estabilidad institucional que predican en Sabin Etxea y que en los numerosos Gobiernos de coalición en Euskadi ha procurado implantar el PNV. Dejar caer a Sánchez no es hoy por hoy una opción para el nacionalismo ante la alternativa de Gobiernos que se pudiera alumbrar con el PP liderando un hipotético Ejecutivo. Pero cada vez más, el partido no obvia su incomodidad, como hizo tras el pacto PSOE-PP para la renovación de cargos en las principales instituciones del Estado y sobre las que ni siquiera se les informó, “Es alucinante, ellos se lo guisan y ellos se lo comen”, afirmó Esteban.

El PNV ha reforzado en estas semanas el riesgo que supondría no contar con él, desoír sus reclamaciones o apostar por priorizar otros socios. La formación de Ortuzar recurrió el miércoles pasado al clásico “la enmienda a la totalidad está sobre la mesa”. También lo hizo recordándole a Sánchez que debe tomar medidas ante la crisis energética en la que está inmerso. El peso de la industria en Euskadi es la razón fundamental para que los nacionalistas hayan presionado al Ejecutivo en este campo y continúen haciéndolo: “Si hay algo que puede tumbar a este Gobierno es la economía es la situación económica endiablada”, le advirtió Aitor Esteban en el Congreso.

Negociar con dos formaciones nacionalistas vascas al mismo tiempo no era algo habitual para un Gobierno. Esta legislatura lo ha tenido que hacer Sánchez. El PNV quiere mantener su peso como referente vasco en Madrid, pero EH Bildu ha llegado para hacerle sombra. Los dos partidos saben que muy probablemente estos serán los últimos presupuestos de Sánchez esta legislatura, por tanto, la última oportunidad para obtener réditos. EH Bildu ha mostrado su disposición a dialogar, a apoyar las cuentas. El Gobierno lo ha tratado como un interlocutor más, hasta que Otegi aseguró que apoyaría las cuentas si con ello contribuía a sacar de prisión a los 200 presos de ETA. Al menos públicamente, Sánchez reaccionó instando a Bildu a que no apoyara las cuentas porque no recibiría ningún tipo de contraprestación en ese ámbito.

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