El Gobierno rechazó la semana pasada la reapertura de la central nuclear de Garoña, la más vieja de España. El Ejecutivo condena a la planta a su cierre definitivo pese a ser casi el único que defendía –aunque cada vez con menos entusiasmo- su reactivación.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, justificó la decisión de echar el cierre a Garoña en las “presiones políticas”. Unas presiones que no procedían tanto de la reclamación continua de toda la oposición de que se clausurara de la central como de la exigencia planteada por el PNV de que se cerrara la planta para apoyar los Presupuestos General del Estado del próximo año (amén de otras concesiones millonarias para respaldar las cuentas públicas de éste).

El Gobierno ha decretado el cierre de Garoña, pero la central no iba a reabrir nunca. Las eléctricas ya no la querían

Nadal también vinculó su decisión de no renovar la licencia de la central con la falta de acuerdo entre sus dueños, Endesa e Iberdrola, que controlan Garoña a partes iguales a través de la sociedad Nuclenor. Iberdrola había manifestado explícitamente su intención de cerrar la planta por ser inviable económicamente, mientras que Endesa prefería esperar a la decisión del Gobierno para hacer pública su postura sobre el futuro de la instalación.

El choque era más de formas que de fondo, porque ambas eléctricas tenían claro que, con el visto bueno del Ministerio o no, no reabrirían nunca Garoña. De hecho, las compañías ya habían trasladado de manera oficiosa hace meses a la Secretaría de Estado de Energía su decisión de no reabrir la central, según confirman a El Independiente varias fuentes conocedoras del proceso.

Desde el Ministerio se apuntaba en las últimas semanas al respecto que “no se atienden comunicaciones oficiosas, sólo oficiales”. Esto es, que si las eléctricas habían cambiado de parecer y no querían reabrir Garoña, tendrían que haber retirado su petición de renovación de los permisos. Y si no lo hacían, el proceso de estudio de la nueva licencia debía continuar.

Si el Gobierno hubiera decidido aprobar la renovación de licencia de Garoña, Nuclenor habría acabado desistiendo de la reapertura alegando que no salían las cuentas y que las millonarias inversiones que había que acometer para cumplir con los requisitos de seguridad post-Fukushima hacían imposible su rentabilidad, según fuentes cercanas a las eléctricas. Denegando la renovación de la autorización, el ministro Nadal se ha ahorrado el bochorno posterior.

¿Para qué ha servido Garoña?

Gracias al expediente de renovación de licencia de Garoña, el sector nuclear español ha conseguido por primera vez el aval técnico explícito de que las centrales pueden funcionar a largo plazo, más allá de los 40 años para los que en principio fueron diseñadas. Iberdrola y Endesa solicitaron la reactivación de Garoña hasta 2031, cuando la planta cumpliría 60 años desde su construcción. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, dio el pasado febrero el visto bueno a la renovación de la autorización de Garoña sin establecer un plazo temporal concreto y a pesar de que las eléctricas no habían ejecutado partes de las reformas que les había exigido.

Las eléctricas amenazan con echar el cierre a todas las centrales si no bajan los impuestos o cobran primas

El Ministerio de Energía y el propio CSN insisten en que Garoña no podía entenderse como un precedente para el resto de centrales españolas, y que cada una de ellas estará sometida a procesos individualizados de análisis de sus eventuales peticiones de renovación de licencia en el futuro. Sin embargo, para lo que sí se ha aprovechado el proceso de Garoña ha sido para introducir cambios regulatorios que sirven para allanar la ampliación de la vida del resto del parque nuclear nacional.

En plena pugna por Garoña, el CSN acabó aprobando un cambio de sus normas de uso interno para permitir que el Gobierno pueda conceder a las eléctricas autorizaciones de explotación de las nucleares de más de 10 años, como ya había adelantado El Independiente. El CSN se autoprohibía hasta ahora dar informes positivos sobre las licencias de las centrales para periodos superiores a una década, al obligarse a que esos informes siempre fueran acompañados de una revisión periódica de seguridad (RPS), que se realiza al menos cada diez años. Con ello se impedía que el Ejecutivo pudiera ampliar los permisos por encima de ese límite de 10 años.

El CSN ha eliminado la garantía de que renovaciones y revisiones vayan siempre asociadas. Un cambio que acabará permitiendo que las futuras renovaciones puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno (15, 20, 25 años…) o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Un cambio que fue propuesto durante la tramitación por la patronal de las grandes eléctricas Unesa y finalmente adoptado por el supervisor.

La pugna real empieza ahora

El sector nuclear daba por descontado que Garoña no reabriría por el desinterés de las propias compañías propietarias. El cierre definitivo decretado por el Gobierno para la vieja planta burgalesa abre la verdadera batalla por el futuro de las nucleares en España. Una batalla en la que las eléctricas y el Ministerio se enfrentan por las condiciones económicas a las que deben acogerse las centrales para garantizar la viabilidad del negocio.

Ahora que los cambios normativos habían allanado la ampliación de la vida de las centrales a largo plazo, el escenario para prolongar su funcionamiento se complica. Las eléctricas, con Iberdrola a la cabeza, amenazan con echar el cierre a los siete reactores hoy en funcionamiento si no obtienen garantías de que el negocio será rentable. Foro Nuclear, la patronal del sector, reclama una rebaja de impuestos o el pago de primas especiales a las centrales para dejar de “perder centenares de millones de euros al año”.

El ministro Nadal prepara un decreto para intervenir las centrales si las compañías quieren cerrarlas

Iberdrola y Endesa debían haber iniciado el pasado junio el proceso de renovación de la licencia de la central de Almaraz y en julio el de Vandellós. Iberdrola insinuaba su intención de dejar pasar el plazo, mientras que Endesa defendía la ampliación de la vida de las plantas. El Ministerio de Energía para evitar el choque frontal con las compañías por el futuro de las centrales finalmente les ha dado más tiempo, aplazando su obligación de tomar una decisión vinculante dos años.

La normativa obligaba a las eléctricas a iniciar la renovación de las licencias de las centrales tres años antes de que expiren las autorizaciones. El Gobierno elimina ese límite y permite así a las compañías que no adopten una decisión vinculante sobre la petición de renovación hasta dos meses después de que esté aprobado el Plan Integral Energía y Clima, que contendrá la planificación del futuro mix energético del país (el reparto del peso que tendrá cada tipo de energía –nuclear, renovables, gas natural, carbón…- en la generación de electricidad). O, en su defecto, hasta el momento en que cada planta tenga que someterse a su siguiente revisión periódica de seguridad, previstas según cada caso entre 2019 y 2023.

Las eléctricas quieren aprovechar estos dos años para negociar un nuevo marco regulatorio que garantice la rentabilidad de la generación nuclear. Las compañías reclaman una rebaja de impuestos, ya que casi la mitad de los ingresos de las centrales se destinan al pago de tributos. Y, por otro lado, piden algún tipo de garantía en la retribución de la electricidad generada, del mismo modo que las renovables tienen una rentabilidad relativamente asegurada o las centrales de gas y de carbón cobran subvenciones por estar disponibles en caso de un pico de demanda.

El Gobierno quieren que funcionen las centrales nucleares al menos durante toda la próxima década

Pese a la amenaza de echar el cierre, el Gobierno descarta rebajar los impuestos a las nucleares y fuentes ministeriales apuntan que revisar el marco legal y económico del sector no está encima de la mesa. De hecho, el ministro Nadal carga contra las eléctricas y siembra dudas sobre las pérdidas de las que se quejan las compañías.  “Las nucleares son más rentables de lo que están diciendo. Su obligación es decir que cierran si nos les bajamos las tasas (…) Hacen mucha ingeniería contable. Ellos dicen que pierden, pero luego reparten dividendos”, ha llegado a decir Nadal.

E incluso el ministro ha presumido en varias ocasiones de que los nuevos impuestos aprobados por el Gobierno en 2012 han servido para contener los denominados beneficios caídos del cielo de las nucleares (el exceso de retribución que reciben por la venta de su electricidad al ser una energía de entrada prioritaria en el mercado mayorista eléctrica).

La amenaza del ministro de intervenir centrales

El Gobierno lleva meses advirtiendo que trabaja en una reforma legal que le permita intervenir centrales eléctricas si sus propietarios deciden cerrarlas y su actividad se considere necesaria para garantizar la seguridad de suministro eléctrico. Una iniciativa que desde las eléctricas se consideraba un mero farol del Ministerio y se veía la amenaza con desdén. Hasta ahora.

El Ministerio de Energía acaba de iniciar el proceso para aprobar un decreto que le dé herramientas legales para tomar el control de centrales si las eléctricas tratan de cumplir su amenaza de cerrarlas. El Gobierno quiere que las nucleares sigan funcionando al menos durante la próxima década y cuenta con ellas para la planificación del mix de cara a 2030.

La misma semana en que Nadal claudicaba y anunciaba el cierre definitivo de Garoña decidió abrir la consulta pública para aprobar un real decreto para intervenir el sector si lo considera necesario. Un aviso del ministro a las eléctricas… no va de farol.